Los caños comunitarios en barrios de la periferia, simbolizan la dejadez de un Estado que permite, en la concesión de Aguas del Norte, una desidia impresionante. Una porción poblacional paga el tarifazo de un servicio deficiente y en condiciones sospechosas de potabilidad que no permiten el consumo del agua de red, con la mayor seguridad. La otra porción poblacional en la ciudad, no tiene agua sino a través de las canillas comunitarias; en los pueblos, no hay agua de red, ni cloacas. Así y todo, el Gobierno de Urtubey, dispuso desembolsar millones de pesos para llevar internet a oficinas gubernamentales en el Interior. No es paradoja, es mala administración.

El derecho al agua potable es una lucha a nivel mundial que libra la humanidad ante el avance de los desmontes y otros maltratos a la Tierra en la que vivimos. Duro es saber que en Salta, capital e interior, este derecho inalienable, tropieza con los negociados y los intereses económicos de actores políticos y empresariales.
Nos comenta Noemí, vecina de Barrio La Cerámica, que las condiciones del agua en los denominados caños comunitarios, es de lo peor, por ser alejada de toda norma de salubridad que la haga apta para consumo humano. La empresa Aguas del Norte, registra el pedido del vecindario para acceder al líquido elemento pero hace diez años que no concretan las obras para el tendido de la red en cada domicilio. Ya se registraron problemas de salud, sobre todo en niños y ancianos, de la zona por esta desidia de la que el Estado, es cómplice.

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