A la comunidad universitaria y al pueblo de Salta

No hay aumento del 25%. En la mayoría de las universidades primó el rechazo a la oferta. El presupuesto cayó en términos reales y puede ser peor para 2019.

Frente a las afirmaciones incompletas, imprecisas o directamente falsas que circulan en relación con el conflicto universitario, nos vemos en la necesidad de aclarar la situación, no sólo en lo referente a la oferta salarial, sino también en relación con la situación presupuestaria y las respuestas de lxs docentes en todo el país respecto del ofrecimiento.

 

Carta Abierta de ADIUNSa

A pesar de lo difundido por una gran cantidad de medios, principalmente los de mayor circulación, la oferta salarial que aceptaron cuatro federaciones no implica un aumento del 24%. Decimos esto porque:

El aumento en el salario básico es sólo del 15%. A eso se agrega una cifra remunerativa (aporta a la Obra Social y al sistema previsional) pero no bonificable (no se computa para el adicional por título o por zona que, por ejemplo, cobran nuestrxs compañerxs de Tartagal, Orán, Santa Victoria). Esto implica aceptar el regreso de sumas en negro, lo que no ocurría desde 2008 (excepto por la Garantía Salarial). La suma en cuestión no se tomará en cuenta para el cálculo de la antigüedad, aunque su monto -al momento de pagarse- varía en función de la misma.

Muchos cargos percibirán un incremento menor al indicado: lxs docentes que perciben adicional por zona desfavorable tendrán un aumento menor. Esto se debe a que el adicional que se paga en octubre no es bonificable. La grilla del acuerdo también contemplaba un incremento inferior para algunos cargos preuniversitarios, lo que fue modificado ayer de manera unilateral y apresurada por el gobierno.
Aún en el mejor de los casos, el porcentaje quedará por detrás de la inflación al momento en que se perciba el último tramo (noviembre): es muy probable que la inflación acumulada entre marzo y octubre ronde el 27% (teniendo en cuenta que para agosto fue del 4,3% -según el Instituto Estadístico de los Trabajadores- y que las estimaciones para septiembre son mayores aún). Por otra parte, no contempla la pérdida salarial ya sufrida por la docencia universitaria, por lo que ni siquiera implica una recomposición.

La cláusula de revisión NO GARANTIZA la actualización por inflación; si tal hubiera sido la intención del gobierno, directamente hubiera ofrecido una cláusula gatillo, como la que se incorporó en el acuerdo de 2017. En cambio, el acta dice que habrá una reunión bimestral entre las partes las que “…en caso de registrarse una inflación acumulada superior al acuerdo arribado deberán concertar el mecanismo de actualización de los salarios convenidos en el presente” (la negrita es nuestra). Si el gobierno verdaderamente tuviera la intención de actualizar los sueldos según la inflación, hubiera aceptado incorporar una cláusula automática, por la cual los salarios se incrementen de acuerdo con el IPC (índice de precios al consumidor); una cláusula de ese tipo se incluyó en el acta salarial del 2017. Al no incluirla, el gobierno se reserva la posibilidad de bajar los sueldos en términos reales (lo que de hecho ocurrió en 2016, cuando se incorporó una cláusula similar a la que se plasmó en el acta de este año), además de continuar con la política de subas “en negro”.

La incorporación de sumas en negro que no impactan en el adicional por zona está en línea con la intención oficial de eliminar el tratamiento especial para quienes residen en zonas desfavorables; ya lo intentó con el decreto que pretendió eliminar el diferencial correspondiente de las asignaciones familiares, aunque finalmente debió retroceder con esa medida.

Situación presupuestaria
A comienzos de año, la Secretaría de Políticas Universitarias anunció una “reasignación” del presupuesto que significaba una pérdida de $3.000 millones. El rector de la UNSa, Antonio Fernandez Fernandez, minimizó el impacto de esa decisión asegurando que “…no hay recorte, hay postergación…” y que sólo afecta a la iniciación de obras nuevas de infraestructura.

 

Los rectores han reconocido que las partidas presupuestarias se enviaron con mucha demora. Nuevamente, el titular de la UNSa fue uno de los voceros que sostuvo que esa situación se normalizó en los últimos tiempos. Tal afirmación, aún si es correcta, desconoce dos aspectos: que el envío de fondos con demora implica la depreciación de los mismos (en un contexto inflacionario, la demora deteriora más aún esos recursos), y que hay actividades que no recibieron ni un peso en el año, como los subsidios para los proyectos de investigación y para las actividades de extensión universitaria. Más aún: el FONID, que es parte del salario de lxs preuniversitarixs, no se abona desde mayo pasado.

Mirando las resoluciones de distribución de presupuesto de la UNSa, puede verse que este año se repartió un 25% más (en términos nominales) que el año pasado. Frente a una inflación que se estima en torno al 40%, es evidente que se sufre un deterioro en términos reales sobre el cual las autoridades universitarias han mantenido silencio.

El rol de las federaciones firmantes
La aceptación suscrita por CONADU, FEDUN, FAGDUT y UDA constituye un aval a las intención del gobierno de desactivar el conflicto universitario.

A una semana de la fecha prevista para el envío del proyecto de presupuesto para que sea considerado en el Congreso, la firma del acta le da una herramienta al oficialismo para instalar en la opinión pública que el conflicto salarial está terminado (a sabiendas de que existe un amplio rechazo en la docencia), y le da aire para continuar delineando el presupuesto de ajuste en coincidencia con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que si el ofrecimiento hubiera sido cercano a las demandas, este aspecto sería secundario: pero no es así, como se evidencia más arriba.
Por otra parte, la decisión de las conducciones de esas entidades fue un golpe a un movimiento de protesta extendido, de carácter histórico, en el que se evidenció una masiva y protagónica participación del movimiento estudiantil. No puede dejarse de lado que la causa de la defensa de la Universidad Pública también concitó la participación del Personal de Apoyo (PAU), así como de numerosos sindicatos y organizaciones sociales.

Más allá de que formalmente CONADU tomó su decisión de acuerdo con sus cuerpos orgánicos, al haber decidido en base a un plenario (y no en un Congreso, donde la proporcionalidad cambia los términos en la toma de decisiones) restó legitimidad a esa aceptación, ya que las posturas de asociaciones con un gran número de afiliados que eran reacias a firmar en los términos en los que se hizo (Rosario, Córdoba y Río Cuarto) fueron desestimadas. Esa actitud de la conducción de CONADU es burocrática, ya que subordina a sus intenciones políticas la posibilidad de resolver en base al debate y consenso más amplio, más aún cuando se trata de un tema fundamental y que generó amplia participación y movilización de la docencia.

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