Milagro Sala sufrió un desvanecimiento en la cárcel domiciliaria en la que está recluida como presa política del Gobierno macrista en Jujuy, ejercido por Gerardo Morales.

Momentos antes de descompensarse, Sala emitió un mensaje por video que hoy es compartido en las redes y en el que insta al pueblo a defenderse contra las medidas tomadas por la gestión del PRO en contra del bienestar común, más resentida en los sectores vulnerados por la pobreza, el hambre y la exclusión de derechos sociales y humanitarios inalienables.

En el maltrato al cual es sometida la líder social jujeña, está el no permitirle contacto con sus familiares, más específicamente con su pareja. Tal lo descripto el martes 30 de julio: " Impiden el ingreso de Raúl Noro, marido de Milagro Sala, y a sus hijos al hospital en el que la dirigente social se encuentra internada. Según le informó personal policial a Noro, la orden la dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos. Además no le dan ningún dato sobre el actual estado de salud.
Por otra parte también impiden el ingreso de sus abogados: Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala denunciamos que la tienen secuestrada dentro del hospital. Es inadmisible que en una situación de extrema vulnerabilidad como la que está sufriendo le nieguen estar acompañada por personas cercanas. Esto será denunciado inmediatamente ante los organismos internacionales y exigimos que alguna autoridad del Poder Judicial disponga inmediatamente una vez otorgada el alta médica el cumplimiento de la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion para que Milagro cumpla su detención arbitraria en el domicilio ubicado en el barrio Cuyaya. Hacemos directamente responsable al gobernador Gerardo Morales y al juez Pablo Pullen Llermanos de la integridad física y psíquica de la diputada del Parlasur.
Desde el equipo de defensa de la dirigente aseguraron que “también prohibieron el ingreso de los médicos a la sala a excepción del jefe de guardia. Desconocemos cuál es su actual estado de salud. La persecución y la hostilidad en su contra no tienen fin”.

 Estado de salud de Milagro

"La dirigente social se encuentra en este momento en el Hospital Pablo Soria. Está entubada y estable. Se estudian las causas que produjeron el estado de inconsciencia. Allegados a la diputada del Parlasur aclararon que se desvaneció durante el almuerzo y luego perdió la consciencia. El SAME demoró alrededor de 40 minutos en llegar al domicilio de El Carmen" informan fuentes allegadas a la líder barrial, en un comunicado emitido el 31 de julio.-

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala denunciaron al gobernador Gerardo Morales y al juez Pablo Pullen Llermanos y los responsabilizaron por el estado de salud de la dirigente.

Irregularidades del proceso en juicio

Conforme lo publicado por la prensa pertenciente a la dirigenta social, información referida a la causa que se le inició en su contra; "El Tribunal Oral Criminal N 3 decidió negar a los medios de comunicación la cobertura del juicio que se supone oral y público contra Milagro Sala en lo que se conoce como “Pibes Villeros”. En una resolución en la que pretenden darle un marco de legitimidad, limitan el acceso de la prensa a los minutos iniciales de cada audiencia para transmitir imágenes, pero luego impiden que continúen en la sala, incluso sin elementos tecnológicos. “Esto es contrario a lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en la acordada 29 de 2008 cuando se debatió el ingreso de las cámaras a los juicios de lesa humanidad y afecta gravemente el derecho a la información en un caso de trascendencia pública que genera gran interés en la ciudadanía”, señaló Matías Duarte, abogado de la dirigente social. La defensa interpuso una impugnación, pero también fue rechazada sin ningún tipo de argumentación. “En la práctica, esto implica que la sociedad va a poder acceder a la información de lo que suceda dentro del recinto de debate sólo a través de los partes de prensa que emita el Poder Judicial”, denunció el letrado.
“Se entiende que en un proceso oral y público impidan que se transmitan las declaraciones testimoniales para no contaminar la declaración de las otras personas citadas en el proceso. Lo que nunca se vio es que nieguen a la prensa la posibilidad de participar del proceso incluso como público. En este caso, si bien en la resolución plantean que los periodistas podrían ingresar en ese marco, dispusieron un número mágico de 16 personas en total para acceder a la sala entre familiares y público en general, sin dar ningún tipo de explicación respecto a cómo se decidió ese número. Son 29 imputados, es decir, que con esa restricción apenas la mitad de los acusados en el proceso podrían estar acompañados por alguna persona cercana”, señaló Duarte.
El Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy establece que “El debate será oral y público, bajo sanción de nulidad; pero el tribunal podrá resolver aún de oficio, que total o parcialmente tenga lugar a puertas cerradas, cuando así lo exijan razones de moralidad u orden público, o se tratare de procesos contra menores. La resolución será motivada y se hará constar en el acta”. Sin embargo, en la resolución emitida por las juezas no hay ningún fundamento que acredite alguna de esas causales.
En 2008, cuando se inició el juicio de ESMA se produjo un debate en relación al ingreso de las cámaras, pero nunca de la prensa escrita. En ese entonces, el máximo órgano del Poder Judicial de la Argentina emitió la acordada 29 en la que estableció que “en el marco de las decisiones de diversa naturaleza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene adoptando con el objeto de elevar la calidad institucional del Poder Judicial y profundizar el Estado de Derecho vigente en la República, resulta apropiado para el logro de estos altos objetivos promover la difusión de los juicios orales, teniendo en cuenta que el principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de justicia”. Desde el equipo de defensores de Milagro Sala señalaron que “no resulta extraño que en un Tribunal en el que la Presidenta fue designada a dedo y sin haber aprobado ninguno de los concursos a los que se presentó para ocupar el cargo tome una decisión de esta naturaleza. Evidentemente no quieren que la sociedad conozca lo que suceda dentro de este proceso que, desde el vamos, está plagado de irregularidades”.
Si bien en la acordada citada restringen la difusión radial y televisiva a los actos iniciales del juicio, alegatos y lectura de sentencia, autoriza el ingreso de los periodistas en carácter de público y entiende que “es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés a la ciudadanía”.
El abogado Luis Paz recordó que “el año pasado la Oficina Anticorrupción hizo una puesta en escena en la peatonal de Jujuy en la que reprodujo a escala el dinero que, según ellos, se habría robado Milagro Sala. Sin embargo, ahora que tienen la posibilidad de que toda la sociedad conozca verdaderamente los hechos a través de este proceso, le impiden esa posibilidad negándole el derecho de acceso a la prensa. Esto lo único que hace es demostrar que este proceso es una farsa”.
“Lo que se realice en este proceso no es otra cosa que un acto de gobierno propio del sistema republicano; por lo tanto entendemos que con esta resolución privan a los imputados, a sus familiares y a la sociedad del control de lo que sucede en este juicio”, aseguró ante las juezas Matías Duarte.
Para remarcar importancia de este proceso de debate oral y público, Duarte repasó que en el requerimiento de elevación a juicio se hizo mención a que es, precisamente, un juicio de interés público. “Inclusive está presente el titular de la Oficina Anticorrupción, es decir que se quiere difundir que estos delitos están vinculados a la corrupción, mientras se prohíbe que la prensa recoja diariamente. Es una contradicción”, manifestó. “Toda esta situación afecta el derecho de nuestra defendida a las garantías de debido proceso y no podemos darnos la licencia de impedir que toda la sociedad de Jujuy sepa lo que suceda aquí”.
“Al no garantizar la publicidad de este proceso penal, lo actuado por el Poder Judicial de la provincia, en tanto el país está organizado bajo un sistema federal, puede generar la responsabilidad internacional del Estado Argentino”, aseguró Duarte, que adelantó que se realizaría la denuncia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

 

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