Una "charla" sobre cómo higienizarse la boca, es lo que el gobierno exige a las titulares de derecho del Programa Ellas Hacen; mujeres que provienen de un contexto de violencia de género. Las integrantes de este sector, han sido preparadas para organizarse en cooperativas de trabajo que les permiten avizorar una independencia económica y consecuentemente, salir del círculo que la violencia imprime en sus vidas.

El delito informático supone actividades criminales como; robos, hurtos, fraudes, estafas y sabotajes. En el país, las leyes que se hacen extensivas al ámbito digital son;

Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25326): Se caracteriza por definir principios generales relativos a la protección de datos. Esto abarca desde derechos de los titulares hasta las figuras de usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos. El control, las sanciones, la acción de protección de los datos personales e inclusive el spam están vinculados a esta Ley.
Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723): Establece el régimen legal de la propiedad intelectual, es decir, actúa sobre las obras científicas, literarias y artísticas. Además, comprende los “escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto”.
Ley de Delitos Informáticos (Ley 388): Esta no es una ley especial que regula este tipo de delitos en un cuerpo normativo separado del Código Penal con figuras propias y específicas, sino una ley que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos actualmente en vigencia, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medios de comisión de delitos previstos en el Código. Principalmente incluye temas como:
Distribución y tenencia con fines de distribución de pornografía infantil
Violación de correos electrónicos
Acceso ilegítimo a sistemas informáticos
Daño informático y distribución de códigos maliciosos
Interrupción de comunicaciones o DoS

Ley de Grooming (Ley 26.904): Esta ley sancionada en noviembre de 2013, tras una intensa campaña de organizaciones a favor, pena un delito que sigue en alarmante aumento. Según su Artículo 1°, que se incorporó como artículo 131 al Código Penal: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Salta y la actividad delictiva en la web

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal recibirán mañana miércoles, a partir de las 11,30 a miembros de la UIF y fiscales federales de todo el país, con el objetivo de coordinar el trabajo conjunto contra el delito financiero en las causas judiciales federales que se investigan en el Norte del país, especialmente aquellas relacionadas con organizaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes, al contrabando y a la trata de personas. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural América, Mitre 23.

El crecimiento del delito de lavado de activos durante los últimos años en la región generó que se pusiera en funcionamiento la Agencia Regional Norte de la UIF en agosto del 2016 para nuclear la información de esa jurisdicción en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, en especial casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Es de destacar la relevancia de Salta como la primera provincia del país en la que se pondrá en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal de la Nación de corte acusatorio con la investigación completamente a cargo de los fiscales. De este modo los mecanismos de trabajo conjunto cobran especial relevancia ya que la norma entra en vigencia este año y se espera establecer buenos canales de comunicación y acciones de cooperación entre las partes correspondientes.

Fuentes:WeLive Security - Prensa Gubernamental