Desde la Organización de Naciones Unidas advierten sobre la política que favorece la agricultura de exportación en detrimento de la agricultura familiar.

La relatora especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver, elevó un informe sobre la situación socioeconómica argentina. Tras su investigación manifiesto su crítica a la decisión del gobierno de aprovechar el contexto de crisis económica para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar despidiendo a quinientos trabajadores y expertos.

A criterio de Elver "el gobierno argentino debería apoyar al sector de la agricultura familiar en el país, a fin de proteger la disponibilidad de alimentos"

La agricultura familiar representa casi el 80 por ciento de los agricultores en la Argentina y produce aproximadamente la mitad de la fruta y verdura que se consumen en el país.

“Entiendo los desafíos que enfrenta la Argentina, pero soy crítica respecto a decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar, mediante el despido de cerca de quinientos trabajadores y expertos del Ministerio de Agroindustria. Esta acción parece estar dirigida a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”, dice Hilal Elver, la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación en su declaración al finalizar su visita de evaluación de 10 días al país.

“La adopción de estas políticas en medio de una severa crisis económica, que ya aumentó significativamente la pobreza y redujo la capacidad de compra de los pobres, intensificará el impacto sobre la realización del derecho a la alimentación en la Argentina.

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La Sra. Hilal Elver (Turquía) fue nombrada Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación por el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Es Profesora Investigadora y Codirectora del Proyecto sobre Cambio Climático Global, Seguridad Humana y Democracia del Centro Orfalea para Estudios Globales e Internacionales y Distinguished Fellow en el Resnick Food Law and Policy Center de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especialesdel Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales son el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

 

“En situaciones de crisis con una inflación extremadamente alta, las personas que ya son vulnerables -como los campesinos que no poseen tierras, los trabajadores agrícolas, los migrantes y pueblos originarios- sufren más, y el medio de subsistencia de muchos está en riesgo”, agrega la Relatora Especial. “Observo que un creciente número de personas va a comedores o se salta una comida, y que los niños se ven forzados a depender de los comedores escolares para su comida diaria”, comenta la Sra. Elver.

“Defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica en el país es una obligación legal del gobierno y una cuestión de derechos humanos. El gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre la accesibilidad a los alimentos por los más pobres en la sociedad argentina”. La Argentina asegura que el país produce suficientes alimentos para 450 millones de personas, pero casi cuatro millones entre sus propios ciudadanos enfrentan una seria inseguridad alimentaria.

El modelo de desarrollo agrícola actual del país, que se basa en una producción comercial intensiva orientada a la exportación, siendo la soja y el maíz transgénicos sus principales productos, no es beneficioso para el derecho a la alimentación por varios motivos.

“La agricultura industrial está causando tasas de deforestación peligrosamente altas, con cifras cercanas a los 27 millones de hectáreas por año. Además, el fuerte aumento en el uso de agroquímicos, incluido el glifosato, contamina el agua y el suelo. Más importante aún, se ha demostrado científicamente que estos productos químicos tienen un impacto serio, hasta letal, en la salud humana.”

“Debería calcularse el verdadero costo a largo plazo de la agricultura industrial, principalmente el impacto social y económico en las personas, como así también su efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica, y no solo debe considerarse la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.”

“Durante una visita a la zona del Gran La Plata, vi cómo -a bajo costo- un grupo de agricultores en una superficie modesta producía una ‘cosecha milagrosa’ de verduras saludables y libres de plaguicidas. Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, sostiene la experta.

Finalmente, la Relatora Especial observa que las personas en la Argentina consumen la mayor cantidad per cápita de alimentos ultraprocesados en la región. Como resultado, casi el 60 por ciento de los argentinos tienen sobrepeso o son obesos, incluido un 40 por ciento de niños, lo que los hace más susceptibles a enfermedades como la diabetes.

La Sra. Elver insta a las autoridades a cerciorarse de que las políticas nutricionales apoyen a los comedores escolares a través de programas con alimentos saludables y el financiamiento adecuado. También destaca la necesidad de normativa que asegure el etiquetado informativo en los alimentos y el control de la publicidad de alimentos no saludables dirigida a los niños.

Durante su visita, la experta se reunió con altos funcionarios de gobierno, representantes del sistema de las Naciones Unidas, miembros de la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos originarios.

Las observaciones y recomendaciones de la Relatora Especial serán presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

Fuente. ONU


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