El Partido Obrero, a través de sus sectores denominados Tribuna Docente y Plenario de Trabajadoras; convocó a una conferencia de prensa para denunciar a una Juez de Familia y Género esta vez en el distrito judicial Centro; por el desalojo de una mujer y su hijo.

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Nancy Liendro recibe apoyo institucional del PO y consecuentemente, decidió emitir una carta en la que explica en sus propios términos, los inconvenientes de acatar una orden judicial por problemas de convivencia con sus familiares. Dos tíos que heredaron una vivienda a la que ella acudió con su hijo  a quien no puede mantener, dado sus exiguos ingresos como docente con pocas horas asignadas en un colegio secundario de Educación estatal.

“Soy Nancy. Soy docente. Ejerzo en un colegio secundario del estado con una reducida carga horaria, por lo que mis ingresos no llegan a un salario mínimo; y por lo tanto, no puedo garantizar pagar un alquiler en forma independiente.

No pudiendo acudir a mi familia nuclear, porque también están hacinados, me he visto obligada a pedir refugio en la vieja vivienda familiar de mis abuelos, en la que viven mis 2 tíos.

En este contexto de vulnerabilidad, con el objetivo de desmoralizarme para que me fuera, he sido sometida a una creciente situación de violencia familiar que se fue incrementando desde la amenaza a los  golpes, por parte de estos familiares,  para que abandone la vivienda; lo que se agrava porque soy madre soltera de un niño de 3 años”

Denuncia hacia los herederos de la vivienda

“Cansada decido denunciarlos, abriéndose un expediente en el Juzgado de Violencia Familiar y  Género N ° 2, a cargo de la jueza Noemí Valdez.

Esta jueza desestima mis denuncias, inclusive cuando fui golpeada por uno de mis tíos,  golpes que son corroborados por el médico legal de Ciudad Judicial. Una jueza de Violencia Familiar y Genero, que debiera garantizar la integridad física de mi hijo y mía, decide proteger a mi agresor, a pesar que este tiene denuncias de otras personas por distintos hechos de violencia; reclamándome que sea comprensiva con mis agresores porque ellos son los propietarios de la vivienda” dice en la misiva la docente que se siente afectada por la decisión judicial.

“Finalmente ante la exigencia de éstos, el juzgado me presiona para que firme un plazo perentorio para dejar la vivienda, concretándola el propio juzgado con una exclusión del hogar, dejándome en la calle con mi hijo.

Ni siquiera la demanda por alimentos que estoy realizando al padre de mi hijo desde hace 3 años, ha tenido el tratamiento express que ha tenido la demanda de mis agresores.

Hoy vuelven a revictimizarme, porque la misma jueza que me coloca en situación de calle considera que no tengo los recursos económicos para sostener a mi hijo y me amenaza con institucionalizarlo! Esta jueza es una amenaza para las mujeres y sus hijos. Violencia institucional, adoptada por un juzgado de Familia y Género, que expone de esta manera lo que piensan de las mujeres, y en forma discrecional decide sobre nuestras vidas.

Es por eso que, por medio de esta carta, denuncio a esta Justicia por el rol que está jugando no solamente conmigo  y apelo a la solidaridad de la población para que apoyen mi reclamo, para que el estado garantice una vivienda para poder vivir con mi hijo” detalló Nancy Liendro.

 

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