“EL PATRÓN DEL MAL”: CARLOS MARTÍNEZ FRUGONI, JUEZ FEDERAL DE TARTAGAL, FUE DENUNCIADO POR ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA LABORAL POR LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN
La UEJN – Unión de Empleados de Justicia de la Nación- a través de sus representantes gremiales Julio Piumato -Secretario General- y Rocío Herrara -Secretaria de Protección Individual-, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al Juez Federal de 1° Instancia de Tartagal, Carlos Alberto Martínez Frugoni, por abuso de autoridad, maltrato y acoso laboral. Desde la UEJN solicitan que el magistrado sea suspendido y apartado, que se aplique la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y se apruebe medida cautelar de tutela efectiva a las víctimas y testigos de los episodios de violencia denunciados.
Según reza el escrito elevado por la organización gremial, el clima laboral que se vive diariamente en el ámbito laboral del Juzgado, bajo la órbita del juez denunciado, “ha estado signado por el ejercicio claramente caprichoso, por parte de éste, de su autoridad–tanto en lo jerárquico como en lo funcional-, así como por el maltrato cotidiano”, que se manifiesta “en forma de destrato, gritos, insultos, ninguneo o indicaciones caprichosas -entre otras manifestaciones- al que, de una u otra forma, fueran sometidos los empleados”.
Dentro de los testimonios recogidos por Piumato y Herrera en representación de los trabajadores del poder judicial, se relatan las situaciones de violencia contra los empleados que prefirieron reservar su identidad por temor a represalias. En una de las declaraciones, una de las victimas narró un hecho del que fue testigo, cuando públicamente el Juez Federal se negó a hablarle a una subordinada, mientras ella le insistía y Martínez Frugoni respondió “gritándole que no trataría con ella ni hablaría, y que se retire porque lo estaba molestando”. La situación de violencia no culminó ahí, puesto que al tiempo le retiró sus funciones, “la desautorizó frente a sus empleados, la desacreditó y pasó a tratar directamente con otra empleada, ignorando su presencia”. La víctima de los agravios, que fue centro de acusaciones violentas y gritos en reiteradas oportunidades, fue decayendo en su estado anímico, a tal punto que, en una ocasión, se descompensó y fue trasladada a enfermería en silla de ruedas.
Los maltratos y tonos prepotentes son carta diaria en el juzgado que depende del magistrado responsable de generar en los agentes un “deterioro físico, psíquico y social”, y a su vez, un ámbito laboral “hostil”. Martínez Frugoni en varias oportunidades manifestó que “no estaba conforme” con el trabajo de sus empleados y amenazó con echarlos del juzgado, “como si fuéramos parte del mobiliario”, manifestó otro testimonio, quien fue increpado a los gritos como “inútil e ineficiente”. “Sentí un fuerte dolor de cabeza por lo que me dirigí a la enfermería del edificio donde una enfermera determinó que me encontraba con presión arterial alta”, sostiene el testimonio del documento presentado al Consejo de la Magistratura.
Otra de las víctimas, diagnosticada con cáncer y quien llevó adelante su tratamiento en Salta Capital, en vistas a que solo en la ciudad se encuentran los centros de mayor complejidad, denunció que a su oncóloga le llegó un oficio firmado por Martínez Frugoni, además de llamados telefónicos, solicitando saber “el pronóstico de su curación y la fecha probable para retomar las tareas laborales”, mientras la trabajadora se encontraba realizando quimioterapias. Tanto este caso, como el de otro empleado que durante la internación en salta de su hijo, quien sufría neutropenia grave, aún recibía llamados increpantes para tratar cuestiones laborales, ponen de manifiesto los modos de dirigirse violentamente hacia los trabajadores que transcurrían momentos delicados en sus vidas.
La principal herramienta del Juez, son los ascensos laborales, utilizados funcionalmente como sistema de premios, y como castigo, la elaboración de sumarios administrativos, “para coaccionar y manipular el personal”, reza la denuncia. Además, los testimonios coinciden en la utilización de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal y la Gendarmería Nacional “para controlar y realizar persecuciones al personal”. Por otra parte, condiciona a sus empleados a través de la no efectivización de cargos, la limitación de licencias y vacaciones determinadas a su gusto y placer.
Los trabajadores manifestaron padecer “dolores de cabeza, ataques y crisis de llanto, episodios de hipertensión, gástricos, pérdida de peso” que fueron “minando la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras víctimas del despotismo y el carácter tiránico del ahora denunciado”. Así pues, algunos llegaron a pedir teletrabajo por recomendación de la psiquiatra y otros, renunciaron por no soportar las constantes persecuciones.
El desempeño laboral de Martínez Frugoni tampoco es el mejor, ya que existe “un altísimo porcentaje de resoluciones declaradas nulas por la cámara de apelaciones y apartamiento del juez en varias investigaciones, un juzgado plagado de sumarios administrativos y todo ello en poco más de tres años de funcionamiento”; situación que da cuenta de la baja calidad en la resolución y gestión del órgano que tiene a su cargo. Otro eje en la denuncia, ponen sobre la mesa la irregularidad en el manejo sobre los gastos que se deben rendir al Consejo de la Magistratura.
La denuncia pone en foco la cuestión de género, al haber situaciones de violencia a trabajadoras mujeres. Por ejemplo, empleadas embarazadas o en lactancia, fueron inducidas a renunciar o apartadas de sus funciones. Se manifestaron casos, donde se reasignaron a las empleadas a cargos de menor jerarquía o se les revocaron ascensos.
Uno de los empleados sufrió tal punto de persecución laboral para ser despedido, por medio de oficios y sin respetar las normas de la justicia, que el caso llegó a la Cámara de Apelaciones de Salta y hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A otros les denegó sus funciones, fueron trasladados a otras jurisdicciones o suspendidos sin goce de haberes.
La denuncia presentada por el UEJN exige que el Juez Federal Carlos Martínez Frugoni sea suspendido preventivamente y sancionado ejemplarmente, y solicita que sea imputado por mal funcionamiento de la dependencia e incumplimiento de sus funciones como magistrado. A vez, la organización gremial pide que se aplique la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres y se adopten medidas para salvaguardar los puestos de trabajo y actuales condiciones laborales de la totalidad del personal afectado.