¿SE PUEDE ASEGURAR SALUD PARA LAS INFANCIAS ORIGINARIAS CON PUESTOS SANITARIOS OCUPADOS POR ACOMODOS POLÍTICOS?
Días atrás, SNI puso en las redes las declaraciones a la prensa de Tartagal de una funcionaria que daba cuenta de 80 personas menores de dos años que habían fallecido por causas vinculadas a la pobreza: enfermedades respiratorias, hambre y sed -sin acceso al agua potable- posterior a esto, llamaron a conferencia de prensa para aclarar que sólo 40 eran los fallecidos como si eso hiciera menos dolorosa la realidad de las infancias en su mayoría, originaria.
¿Quién es la persona responsable de este infanticidio colectivo? Sin miedo a equivocarnos, aseveramos que lo es toda persona que estando en su posibilidad no arbitra las herramientas de cuidado necesarias para salvaguardar la vida de un niño, niña o adolescente en situación vulnerable. Dentro de la provincia, corresponde señalar que todo aquel desempeñándose en la función pública, no lo hiciera es aún más responsable.
En este artículo -hacer click en el enlace- señalamos al SENADO como un CO GOBIERNO en la región del CHACO SALTEÑO. Estamos dando difusión a las carpetas de nombramientos en cargos como los del área de salud que por “pedido” de una banca o más del parlamento provincial, exigen al Estado y por ende, al Ejecutivo contrate, nombre y/o traslade a personas con las que guardan un favoritismo: parientes, amistades, amantes, etc por encima de cualquier otro ser humano que incluso acredite idoneidad, capacitación, títulos académicos o pruebas de mejor rendimiento. Esto no sólo perjudica, se evidencia en los procedimientos desacertados que se ponen de manifiesto en los nosocomios que atienden a poblaciones rurales, entre ellas, las comunidades indígenas, quienes además afrontan la limitación del empleado público que no conoce los idiomas originarios.
Pero vamos a centrarnos en el uso de los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno y con ello, trataremos de visualizar una realidad imposible de seguir ocultándose por el atroz resultado de la muerte en niños que no llegaron a cumplir siquiera su primera década de vida.
En materia de mortalidad infantil la Organización Panamericana de la Salud, reconoce un descenso en las cifras que corresponden a América latina, no obstante, advierte sobre que “la persistente exclusión social, las desigualdades de género, clase y etnia y las desigualdades generalizadas tienen efectos perjudiciales en el desarrollo de los niños y constituyen uno de los mayores desafíos de la Región”
En Salta, concentrar estas cifras implica una hipervulnerabilidad en la pobreza de la periferia urbana y una mayor aún en la ruralidad, contexto en donde habitan las comunidades originarias, profundamente atacadas desde el poder enquistado y la alta corrupción política que principalmente se apropia de los recursos financieros que permitirían revertir de inmediato, las muertes de las infancias indígenas.
Cabe preguntarse ¿por qué existiendo la asistencia efectiva del Estado nacional como: planes nutricionales, asignación universal por hijo, ayudas escolares, alimentarias y demás herramientas políticas para salvaguarda de la primera infancia, se encuentran estas pasmosas cantidades de bebés y niños muertos? Parte de la respuesta aterradora para la realidad de Salta se evidencia en los daños profundos que provocan los mecanismos intrínsecos que impiden la llegada de las soluciones a las personas más necesitadas. Por ejemplo, para el acceso a un derecho como la Asignación Universal, se requiere que los progenitores tengan documentos de identidad -tarea pendiente en zonas como La Puna, el Chaco Salteño e incluso los Valles Calchaquíes- la barrera idiomática, lo inaccesible de los territorios, la falta de conectividad y la lentitud de la burocracia, tornan engorroso la operatividad del trámite para las poblaciones indígenas.
No es un dato menor, destacar que, en cuanto a las ayudas alimentarias, en su extensa mayoría son utilizadas como moneda de cambio en los favores políticos y que las mismas son manejadas por dirigentes -caudillos de las zonas rurales- que, a discrecionalidad, reparten o no, los denominados bolsones de alimentos. La imposibilidad de llegar a los hogares más pobres con alimento y agua potable, hace que las infancias indígenas sean las más vulnerables, expuestas y proclives a morir ante la indiferencia del poder político y económico de la provincia.
EL SENADO SALTEÑO CÓMPLICE DE 70 NIÑOS FALLECIDOS DURANTE 2022 https://t.co/WmyEZmNLeA
— Salta Noticias (@saltainfo) April 10, 2022
EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El tráfico de influencias es una práctica ilegal, o al menos éticamente objetable, que consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas y con el fin de obtener favores o tratamiento desde un cargo político administrativo o gubernamental que lo permita. Con este delito lo que pretende su autor, es lograr que una persona que ostenta un cargo público dicte una resolución injusta con la intención de lograr un lucro para sí o para un tercero.
La pena fijada para el autor del mismo es de 1 a 6 años de prisión o reclusión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, como pena accesoria. Para poder ser autor de este delito debe poseer en su persona o a través de un tercero, una situación jerárquica superior sobre la persona que debe dictar una resolución, ejerciendo una presión moral impropia del cargo. No necesariamente el sujeto activo debe ser funcionario público, pero sí debe tener la posibilidad real de ejercer la influencia. ( art 256 bis del Código Penal)