La reunión plenaria de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del Senado comenzó hoy en horas de la mañana con la exposición del doctor en ciencias jurídicas Jorge Laferriere -director del Centro de Bioética, Persona y Familia-, quien sostuvo que “el Senado debe rechazar el proyecto con media sanción y luego iniciar el proceso para establecer políticas públicas para maternidad vulnerable” además de advertir que el mismo tiene “graves problemas jurídicos”.
Seguido, la ginecóloga María de los Ángeles Carmona, representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la objeción de conciencia de los médicos. La calificó como “un bien constitucional no negociable” al tiempo que afirmó que “nuestra obligación es garantizar los derechos, la libertad de pensamiento y elección de la actividad médica a nuestros colegiados, garantizando la privacidad de los mismos”.
Por su parte, la abogada y directora del Programa Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Liliana Tojo, apuntó que “hay absoluta compatibilidad del proyecto con media sanción con el derecho internacional”, que el mismo “no viola el derecho a la vida” y recordó que “la corte interamericana también se ha referido al ejercicio libre de la maternidad como parte del desarrollo de la personalidad de las mujeres.”
En tanto, el secretario de prensa y difusión de la Asociación de Médicos de la República Argentina, Carlos José Wechsler, manifestó “preocupación desde nuestro sector por los problemas relacionados a las malas condiciones de trabajo para el ejercicio profesional y su repercusión en la aplicación de esta nueva ley”. “Pedimos que ustedes tomen este contexto como referencia para la aplicabilidad de las leyes; Nuestro país carece de un sistema de salud”, agregó. No obstante lo cual indicó que “no dejaremos de efectuar lo que corresponda entendiendo a los compañeros y compañeras que hagan uso de la objeción de conciencia”.
A su turno, el especialista en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez afirmó que “el proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados no ofrece ningún tipo de objeción constitucional ni convencional”, que “tampoco viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el federalismo ni el derecho público provincial”, y que “tampoco conculca la objeción de conciencia, ni la individual ni la institucional”.
A continuación, el abogado constitucionalista Alberto García Lema instó a “diferenciar el tema constitucional del tema penal” y a recordar que “la incorporación de los tratados internacionales deben estar de acuerdo con los principios de derecho público establecidos en la Constitución”. “El principio de que la persona nace con la concepción tiene antecedentes en el derecho público, federal, antes de la reforma de 1994 y fue seguido en forma posterior por varias provincias”, continuó, para luego agregar que “la Convención que se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no contiene ningún principio especifico relativo al derecho a practicarse un aborto”.
Por el contrario, la abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, reseñó que el proyecto con media sanción “establece un derecho al aborto que ya está en el artículo 86 del Código Penal” y que “sistematiza otras normas que ya están en nuestro ordenamiento jurídico brindando certezas a los profesionales de la salud, a las instituciones del Estado y a las mujeres”. “La cuestión es pasar de un régimen concentrado en causales a uno que incorpora además un plazo de catorce semanas sin dar razones respecto de los motivos de llevar a cabo la interrupción”, concluyó.
A continuación, el doctor en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales Néstor Sagües advirtió que “las prescripciones constitucionales y convencionales han sido vaciadas o desmontadas o se las intenta disolver”, y recordó que “la Constitución Nacional no habla de feto ni de persona por nacer sino de niño”. “El tema es si puede constituir excepción a esa protección a la vida la decisión unilateral de la madre sin motivo expresado para concluir con la vida del niño en cuestión”, resumió, y manifestó: “Entiendo que esa excepción es arbitraria e insuficiente para privar de la vida al niño”. Asimismo, consideró que el proyecto de ley desconoce la ley 23.849 y el artículo 19 del Código Civil.
El abogado Juan Pablo Echevarría resaltó que “el proyecto crea y legaliza un supuesto derecho al aborto” que “es inconstitucional” desde el punto de vista de la Constitución, los tratados internacionales, y el Código Civil y Comercial.
Por otra parte, la abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belski consideró que “a la hora de votar esta honorable Cámara debe tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que distintos organismos de protección y promoción de derechos humanos han hecho a la Argentina respecto de la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos mediante la despenalización y la legalización del aborto” y aclaró “obligación que hoy nuestro Estado está incumpliendo”. “Para Amnistía Internacional la forma de honrar los compromisos asumidos por el país es mediante la sanción de esta ley”, concluyó.
La siguiente oradora, la doctora en Derecho Daniela Heim subrayó que “la despenalización y legalización del aborto no afecta ningún derecho constitucional” y que “es una de las deudas más urgentes de saldar en nuestra democracia que eliminaría una de las últimas discriminaciones contra las mujeres”. Además, instó a tener presente “el principio de no regresividad en materia de derechos humanos” y la “autonomía y libertad sexual y reproductiva de las mujeres”. “Cuando hablamos de protección de derechos humanos y el derecho a la vida estamos hablando de conceptos que requieren un consenso político”, añadió.
El cirujano y director médico del Hospital Universitario Austral, Fernando Iudica sostuvo que “el aborto no es la solución a los graves problemas que plantean para la mujer los embarazos no deseados” sino que “es una eliminación del ser humano obligando a todo médico y profesional de salud, coaccionándolos”. También consideró que se trata “de manera muy restrictiva la objeción de conciencia” y que se realiza una “amenaza penal para los profesionales”. “A la fecha, más de 35 hospitales y clínicas de todo el país hemos planteado la libertad de no hacer abortos”, remarcó.