Antes de fin de año, Santa Fe será la primera provincia argentina que producirá misoprostol en un laboratorio público de medicamentos. La medida forma parte de un abanico de políticas que buscan garantizar el acceso a un aborto seguro y gratuito. Rosario se convirtió en la ciudad modelo: no hay muertes por aborto desde el año 2012.
La Agencia TSS en Santa Fe será la primera provincia argentina en producir misoprostol para garantizar el acceso a un aborto seguro y gratuito. Casi parece una paradoja que la pionera sea una provincia cuyo nombre remite más a santidad y a fe que al derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Pero no es paradoja ni casualidad: es política pública, el impulso de los movimientos feministas, el trabajo de científicos y técnicos locales, y funcionarios que toman decisiones con perspectiva de género.
Empezar a recorrer el camino hacia la producción pública de misoprostol no fue fácil. Se estima que en la Argentina se hacen entre 370.000 y 520.000 abortos por año y es la primera causa individual de muerte materna. Un caso muy recordado es el de Ana María Acevedo, de la localidad santafesina de Vera, a quien en el año 2006 le diagnosticaron cáncer de mandíbula. Por entonces tenía 19 años y tres hijos. En el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe le negaron la quimioterapia por estar embarazada de dos semanas, pese a que el artículo 86 del Código Penal, sancionado en 1921, establece que el aborto no es punible en casos de violación o de riesgo de vida o salud para la mujer. Sin embargo, el comité de bioética del hospital decidió no practicarlo y fue obligada a parir por cesárea a las 22 semanas de gestación. Madre e hija murieron. Su madre, Norma Cuevas, continúa en busca de justicia.
Hoy, la ciudad de Rosario tiene tasa cero de mortalidad materna por aborto y la provincia de Santa Fe avanza en el mismo sentido: en el año 2017, la tasa de mortalidad materna (que incluye aborto y otras causas) es de apenas el 1,1%. Oraldo Llanos, titular de la Dirección de Políticas de Géneros e Interculturalidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, explicó a TSS que la provincia trabaja en reducir las muertes y complicaciones por aborto desde hace diez años: “El acompañamiento a la salud sexual reproductiva y no reproductiva se hace de manera integral, desde la realización de actividades para promover derechos y poner en discusión las pautas culturales hegemónicas, hasta garantizar el acceso a insumos, entre ellos, el misoprostol”, indicó.
Implementar una política de producción pública de misoprostol es clave dentro del contexto de discusión del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya cuenta con media sanción en Diputados y el próximo 8 de agosto se votará en el Senado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de mifepristona y misoprostol como métodos seguros para la interrupción del embarazo, y combinados tienen un 95% de efectividad. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no autoriza la mifepristona en la Argentina, en tanto el misoprostol está aprobado para tratamientos gástricos. Laboratorios Beta monopoliza su venta en el país, a través de comprimidos que contienen 200 microgramos de misoprostol, combinado con diclofenac (analgésico).
La caja de ocho comprimidos de misoprostol cuesta unos 3.000 pesos, aunque hace algunos años había llegado a entrar en la política de “precios cuidados”. De cualquier modo, ir a comprar misoprostol a la farmacia no solo requiere receta archivada y cierto poder adquisitivo, sino que también implica una situación de incomodidad por el halo de clandestinidad que persistirá hasta que el aborto sea legalizado en todas sus causales. El miedo a ser denunciada y la negativa del acceso al medicamento se repite cuando la persona se dirige a un hospital o centro de salud para interrumpir un embarazo.
En Santa Fe, la provisión de misoprostol se realiza de manera gratuita desde 2012. En consonancia con recomendaciones de la OMS, la provincia considera que el riesgo en la salud de la persona gestante mencionado en el artículo 86 del Código Penal debe entenderse de manera integral y contemplar no solo cuestiones biológicas, sino también psíquicas (embarazo adolescente, pareja violenta) y sociales (situación de indigencia o pobreza, familiares a cargo), entra otros aspectos. Además, cuentan con un registro de objetores de conciencia: si un efector de salud se niega a realizar la práctica, la persona debe ser derivada a otro.
“El equipo de salud acompaña a la persona desde el inicio. Si observa la necesidad de utilizar misoprostol para la interrupción de un embarazo, lo prescribe y provee de forma gratuita e inmediata. El resarcimiento económico al efector se realiza de forma posterior para evitar demoras burocráticas. El proceso se hace de forma online, a través de un pedido que nos llega a nosotros, lo analizamos, registramos y autorizamos, pero siempre es posterior al uso”, explicó Llanos. Por el momento, utilizan la única formulación disponible en el mercado, pero desde hace varios años la provincia viene trabajando en la producción local de comprimidos que solo contengan misoprostol como principio activo.
La producción pública del medicamento está a cargo del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). La formulación está lista y la producción se encuentra en etapa piloto. “La medicación ya se ha podido producir pero hay que hacer pruebas de estabilidad y otros ensayos técnicos que requieren un tiempo más. Vamos a producir comprimidos de 200 microgramos, destinados para interrupción legal de embarazos y otras necesidades, como maduración del cuello uterino y situaciones de abortos incompletos. Estimamos que en unos meses ya vamos a estar con uso efectivo del medicamento”, aseguró Llanos.
Desde el Ministerio de Salud provincial estiman que con la producción pública de misoprostol, la reducción de costos sería contundente: entre el 70 y el 80%. “Esto considerando que no aparezca ningún problema en las últimas instancias de producción, cosa que no creemos que vaya a ocurrir”, indicó Llanos.
A nivel nacional, las estimaciones también indican un ahorro importante. Según un informe elaborado y difundido recientemente por la senadora nacional por Chubut Nancy González, garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría una reducción del 43% de lo que hoy destina el Estado a atender casos con complicaciones. Si además hubiese producción pública de misoprostol, el presupuesto destinado a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo sería un 55% menor de lo que cuesta en la actualidad. Además, el trabajo señala que el Ministerio de Salud de la Nación adquiere los comprimidos de Laboratorios Beta al mismo precio de venta que el público en general.
En la provincia de Santa Fe, Rosario es un caso modelo: no tiene mortalidad materna por aborto desde hace seis años. Las raíces de esta política pueden remontarse hacia más de dos décadas, cuando se creó el Programa de Salud Sexual Reproductiva que entrega anticonceptivos de forma gratuita.
El Ministerio de Salud de Santa Fe, a cargo de la ministra Andrea Uboldi, también ha venido desarrollando otras políticas que complementan la de producción de misoprostol. Entre ellas, la aplicación de la Guía Técnica para Atención Integral de Abortos No Punibles; la implementación de políticas de prevención de embarazos no deseados; y la capacitación de formadores dentro del ministerio de Salud y otras carteras provinciales en cuestiones de género, diversidad y acceso a la salud reproductiva, para generar una masa crítica que tienda a lograr el cambio cultural necesario.
“Hoy tenemos como prioridad reforzar la capacidad operativa de los equipos de salud, particularmente en algunos lugares del norte provincial; asegurar la garantía de insumos y registrar todo lo que se hace para generar no solo evidencias concretas, sino también el desarrollo de investigaciones que puedan mejorar lo que ya venimos haciendo con una mirada a largo plazo”, sostuvo Llanos.
Caso modelo
En la provincia de Santa Fe, Rosario es un caso modelo: no tiene mortalidad materna por aborto desde hace seis años. Las raíces de esta política pueden remontarse hacia más de dos décadas, cuando se creó el Programa de Salud Sexual Reproductiva que entrega anticonceptivos de forma gratuita. En 2004, diversas organizaciones de mujeres presentaron al municipio propuestas para el acceso a un aborto seguro. Tres años después, el Concejo Deliberante aprobó Protocolo de Atención Integral para las Personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, mediante la Ordenanza 8186/2007. A eso se sumó luego la política provincial de provisión de misoprostol, así como el acceso a otros insumos y técnicas simples, como la Aspiración de Membranas Endouterinas.
“Lo que vemos es que el número de interrupciones legales se mantiene más o menos constante pero disminuyeron las complicaciones. Alrededor de un 95% de los abortos se realizan sin complicaciones y, las que hay, son menores. Al predominar las prácticas ambulatorias, también varió el lugar de realización: aumentaron en los centros de salud y se redujeron en los hospitales”, indicó a TSS Leonardo Caruana, secretario de Salud de Rosario. Así, mientras que en 2012, el 86% de los casos de interrupción legal del embarazo en el municipio se atendían en hospitales y el 14% en centros de salud; para 2016, los porcentajes se invirtieron: 29% de hospitalizaciones y 71% de atención ambulatoria
También viene bajando, aunque lentamente, la tasa de embarazos adolescentes. Para esto, se aplican políticas de manera integral que abarquen no solo la provisión de métodos anticonceptivos sino también la articulación con escuelas para garantizar una Educación Sexual Integral (ESI); y con organizaciones que ayuden a las adolescentes (especialmente de bajos recursos) a enfocarse en la realización de deseos y proyectos relacionados con terminar los estudios, empezar una carrera o practicar un oficio.
El trabajo se basa en una estrategia de atención primaria de la salud como forma de organizar el modelo de atención. Se realiza a través de 80 equipos de salud distribuidos a lo largo de todo el territorio, compuestos por un promedio de 30 personas, quienes realizan la interrupción del embarazo y el seguimiento posterior. “En general, las mujeres ya conocen a los equipos porque suelen atenderse en esos centros. Cuando la persona solicita una interrupción del embarazo, se analiza el caso para evaluar de qué manera afecta la salud integral de la mujer, se prescribe el método más adecuado y se realizan todos los controles requeridos después del procedimiento”, precisó Caruana.
Rosario también tiene su unidad de producción pública de medicamentos: el Laboratorio de Especialidades Médicas (LEM). Ante la consulta sobre si el LEM también apunta a fabricar misoprostol, Caruana dijo: “Estamos trabajando en la iniciativa a través del LIF, donde están muy avanzados. Tratamos de complementarnos y no producir lo mismo porque pensamos la producción pública de medicamentos como una unidad. Nosotros producimos suero, cremas y algunos comprimidos, mientras que el LIF es fundamentalmente productor de medicamentos. El trabajo de ambos laboratorios impacta mucho en contextos de crisis porque nos permite no depender totalmente de laboratorios transnacionales”.
El municipio, actualmente a cargo de la intendenta Mónica Fein, se fue encontrando con diversas barreras para garantizar el acceso a un aborto seguro, entre ellas, las convicciones religiosas de médicos e instituciones objetoras de conciencia. “Se hizo un trabajo conjunto con el colectivo de mujeres para ir sorteando estas dificultades paulatinamente”, dijo Caruana. “La legalización del aborto va a generar un marco fundamental para disminuir las inequidades pero no va a transformar las instituciones de un día para el otro. Por eso es necesario un abordaje integral”. La temática también logró asentarse en el ámbito universitario: el año pasado se creó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario la primera cátedra libre sobre aborto del país.
Caruana recalca también otro aspecto referido a la salud sexual y reproductiva: así como se acompaña a las mujeres que no quieren ser madres también se acompaña a quienes quieren serlo, a través de un parto respetado. La maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña trabaja íntegramente con esta concepción, que permite que la mujer atraviese el proceso acompañada de su familia, en un ambiente agradable, respetando los tiempos necesarios y la necesidad de contacto madre-hijo en la primeras horas de vida. “Esta noción de hospitales abiertos fue un gran trabajo que se hizo entre equipos de salud, organizaciones sociales y decisores políticos. Tenemos que seguir trabajando para que el parto sea un momento de felicidad, disminuir las cesáreas y reducir la violencia obstétrica”, apuntó.
Fuente: Producción pública para el derecho a decidir – Nadia Luna