En la memoria colectiva, a 42 años del terrorismo de Estado genocida y sangriento que implicó la vida de 30 mil personas desaparecidas, apropiación de bebés y tortura a militantes, dirigentes, estudiantes, obreros, mujeres, religiosos y la ciudadanía en general, a través del miedo y la opresión; la posibilidad de entregar el manejo en cuestiones de la sociedad como protestas por despidos, reclamos de derechos civiles, manifestaciones y propuestas políticas,
Argentina teme por su presente y su futuro ante escenarios más crueles como la invasión extranjera por los recursos naturales, por las deudas internacionales y por la perpetuidad del poder económico en el Gobierno.
Vale como antecedente citar al Operativo Independencia, el que comenzó el 5 de febrero de 1975 por el decreto 261/75 de María Isabel Martínez de Perón que autorizaba a la Fuerza Aérea, el Ejército y a la Gendarmeria, a torturar y a masacrar al pueblo tucumano con la excusa de combatir a Montoneros y al Ejército Revolucionario del Pueblo -E.R.P-
El esquema militar se desarrolló entre 1975 y 1977, donde se aplicó la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional” en la provincia de Tucumán; la que consistía en la aplicación de la tortura, la desaparición
forzada de personas -estudiantes, militantes, sindicalistas y los ciudadanos catalogados por los militares como “subversivos”-
Este combate se caracterizó por ser una guerra de desgaste, acciones sorpresas, emboscadas y encuentros casuales.
El E.R.P buscaba adeptos con la repartición de víveres y la idea de una Patria socialista.
Por su parte las Fuerzas Armadas aprovechaban el temor de la población y convencían ofreciendo protección del accionar “subversivo”.
Tucumán fue el “laboratorio” de las Fuerzas Armadas Argentinas, para aplicar lo aprendido en la escuela de las Américas y que luego se extendería al resto del país, con la dictadura de 1976.
* Escrito por Franco Montenegro