El Comite de Derecho Humanos de Naciones Unidas se manifestó para que Brasil permita a Luiz Inacio Lula da Silva pueda ejercer sus derechos políticos mientras esté en la cárcel.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a Brasil que tome todas las medidas necesarias para garantizar que Lula pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión, como candidato en las elecciones presidenciales de 2018. Esto incluye tener acceso apropiado a los medios y a los miembros de su partido político. El Comité también pidió al Brasil que no le impidiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, hasta que sus recursos ante los tribunales se hayan completado en procedimientos judiciales justos. El nombre técnico para esta solicitud es “medidas provisionales” y se relacionan con su queja individual pendiente que permanece ante el Comité. Esta solicitud no significa que el Comité haya encontrado una violación todavía: es una medida urgente para preservar el derecho de Lula, a la espera de la consideración del caso en cuanto al fondo,
Es importante señalar que, aunque esta respuesta se brinda a través de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, es una decisión del Comité de Derechos Humanos, que está compuesto por expertos independientes. Esta respuesta puede atribuirse al Comité de Derechos Humanos.
En mayo, la ONU rechazó otra petición de los abogados de Lula negándole la solicitud para que su arresto fuera evitado, como parte de medidas cautelares. “El Comité de Derechos Humanos no concederá medidas cautelares en el caso de Lula da Silva”, declaró la portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Julia Gronnevet, en mayo de 2018.
“Basada en la información que recibió, el Comité no puede concluir que existe un riesgo de un daño irreparable en ese momento”, había declarado la ONU en un comunicado donde insistió en que no haber evaluado la sustancia de la queja original de la defensa de Lula.
A pesar que “por medio del Decreto nº 6.949 / 2009 Brasil incorporó al ordenamiento jurídico patriótico el Protocolo Facultativo que reconoce la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la obligatoriedad de sus decisiones”; la decisión de la ONU es considerada como una recomendación y, en el pasado, otros gobiernos extranjeros ya ignoraron la solicitud. A principios de año, por ejemplo, España no cumplió decisiones del mismo Comité en relación a políticos catalanes, similar situación acontece en Argentina con el presidio que sufre Milagro Sala.
Fuentes: nacoesunidas.org y em.com.br