Casi 400 personas afectadas en el norte por el desborde del río Pilcomayo, perdieron sus viviendas precarias, las tierras donde estaban habitando y el acceso al monte de donde alimentan. Las inundaciones son el resultado de los desmontes como primer vector ecológico, luego la falta de obras hídricas y por último, la desantención del Estado provincial en el área de frontera.
Urtubey trasladó responsabilidades a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la cuenca del Pilcomayo, integrada por referentes de Argentina, Bolivia y Paraguay, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona y que pretende, por tanto, reducir los impactos negativos sobre el recurso hídrico y el ambiente en general. Sobre esto Urtubey, fustigó: “nunca funcionó, nunca jamás”.
Los parajes más anegados son: La estrella habitado por las etnias chorote y chulupy; La Gracia etnia chorote y el paraje Monte Carmelo, comunidad integrada por las etnias: toba y wichi. Cuando los medios hoy le preguntado sobre el conflicto interno en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Urtubey, descalificó a los propios indígenas al decir que : “una de las cosas en las que me comprometí es que el IPPIS tenga plena autonomía y por eso no quiero intervenir para demostrar que los hermanos de los pueblos originarios no pueden administrarse, hay irregularidades, las hemos denunciado y queremos que se solucione pronto”.
La prensa oficialista dijo que “en estos momentos en la misión La Estrella, comunidad que perdió sus viviendas precarias, ya está recibiendo materiales de construcción para soluciones habitacionales. Según el relevamiento gubernamental, 28 viviendas de familias de esa comunidad fueron afectadas. Personal del ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social realiza la entrega en forma conjunta”
Castigo sobre comunidades originarias
Cabe destacar que esta semana cierra con dos fuertes represiones policiales a comunidades originarias, uno en el territorio sub puneño de Cachi y el otro en la zona de la selvasubtropical salteña.
El primer hecho se suscitó porque la empresa viñatera de la familia Montero, ligada en amistad y comercios con el actual gobernante, ocupó y expandió sus parrales a territorio originario. Ante el reclamo de la comunidad, vino el violento accionar de la policía, regida por las órdenes que emana el ejecutivo provincial, de vez en cuando a cargo del propio Urtubey, cuando no está de campaña por Alternativa Federal.
La policía de Urtubey reprimió con palos y balas de goma a pueblos originarios: La comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada; denunció que fue reprimida y desalojada por la Policía de Salta en la localidad de Cachi, donde buscan construir una bodega en tierras contempladas como ancestrales por la ley 26.160.
Miembros de la comunidad testificaron que la fuerza de seguridad avanzó sin orden judicial y por indicación del gobernador, Juan Manuel Urtubey.
Pero para el esposo de Macedo, esto: “fue un intento de usurpación en una propiedad privada. Hay que garantizar la seguridad jurídica. En mi gobierno se han entregado casi un millón de hectáreas a comunidades de pueblos originario” según sus declaraciones a la prensa local.
La segunda acción represora ocurrió en el paraje Cuña Muerta a escasos kilómetros de la ciudad de Tartagal, fueron reprimidos wichi y chorote. Se integraron, los hermanos guaraníes: Algunos criollos. Tras denuncias por supuesta malversación de fondos en el IPPIS. Instituto Provincial de Pueblos Indigenas de Salta, bajo la organización del cacique Indalecio Calermo, se apostaron al costado de la ruta 34 paraje Cuña Muerta, para reclamar por las elecciones pasadas en dicha institución. La protesta culminó con actos violentos cometidos por la Policía y con la detención de la maestra bilingüe y traductora del Poder Judicial SANDRA PISCO, liberada anoche, por las autoridades judiciales norteñas.
En las redes sociales el abogado Sergio Heredia explicó: “a las 22 del jueves, los detenidos por las protestas en Cuña Muerta, entre ellos Sandra Pisco, fueron puestos en libertad desde la Comisaria 42. Soy abogado de todos los detenidos e imputados. Cerca de las tres de la tarde, pude interceder entre las autoridades policiales y los manifestantes wichies y chorotes para que no haya enfrentamientos en pleno centro de Tartagal. Le solicite a la gente que regresen a las comunidades y dejen todo en mis manos, aceptaron y se descomprimió la situación, en tal sentido valoro la actitud de la Comisario Guanca. La Señora Pisco estaba muy golpeada y tuvo que ser internada en la Clínica San Antonio, y hay otra persona de apellido Quinto que estaba internada en el Hospital de Mosconi”
El abogado, en contacto con la prensa tartagalense, habló sobre la responsabilidad de la justicia federal en las denuncias por corrupción en el IPPIS presentadas hace dos años y que aún se encuentran paralizadas; “La estafa y apropiación de fondos millonarios llevada cabo por los corruptos directivos del IPPIS en la construcción de viviendas fue denunciada hace más de un año en el juzgado federal de Orán y al gobierno de Salta. La justicia federal tiene la causa paralizada, invocando cuestiones de competencia, y el gobierno protegiendo a los ladrones por los votos, todos, todos miran para otro lado, y nada cambia” declaró el abogado Heredia.