Las muertes y torturas en manos de la Policía de Salta son el resultado del poder económico reprimiendo la pobreza.
Desde que la humanidad se organiza, la búsqueda de mecanismos para controlar a la personas con el fin de lograr orden y seguridad entre ellas, han variado con el tiempo en sus formas y aplicaciones. Dichos mecanismos, a lo largo de la historia, fueron desde la venganza privada, los castigos físicos, la expulsión, la pena de muerte, el encierro, por mencionar algunos; hasta el establecimiento de protocolos para dejar en claro manifiesto el castigo a acciones delictivas, bajo el orden de las leyes en el contexto de los Estados modernos.
Estos procederes que atentan contra la humanidad y el valor máximo a proteger colectivamente, como es la vida, constituyen un cúmulo de conductas sociales disvaliosas.
Cabe reconocer que los modelos económicos juegan un rol central en la construcción punitiva y por ende, en la destrucción de los derechos que evitan a la instituciones de Gobierno, el cometido de castigos que lesionen a la persona.
En el contexto de una anomia de las leyes pero por sobre todo de su carácter humanizante, se ha invertido el objetivo mayor y entonces, no se castiga el delito sino el carácter de estatus social o clase del individuo al que se presume culpable, excluido de toda posibilidad de abogar por sus derechos como persona en un esquema político, social y económico que lo reduce a objeto pernicioso y amenazante de la riqueza que le pertenece a la élite.
En las últimas décadas, sociedades como la salteña, ha visto agravar este designio que pesa sobre el pobre, con desmesurado ahínco político por expulsarlo cada vez más de toda oportunidad de vida digna. Entonces, el primer castigo sobre el habitante de la periferia social -también geográfica- es su expulsión del sistema educativo, cada vez más pauperizado y sin herramientas solventes de contención para quienes están en vulnerabilidad -mujeres, ancianos, niños y jóvenes- ante el avance de la miseria, las enfermedades, el consumo de estupefacientes, los delitos graves como la esclavitud, la trata de personas, la explotación en promiscuidad y el abuso de las autoridades de Seguridad.
La perspectiva de los Derechos Humanos en relación a la política criminal, nos pone en un lugar en donde la construcción y destrucción de la sociedad conlleva a señalar múltiples actores indispensables para afrontar estas prácticas abusivas y terroristas de la Policía, como engranaje del Estado Provincial sobre el control de las reacciones cometidas por las personas que sub viven en la pobreza. Sub vivir es decir, estar debajo de los medios necesarios para sobrevivir; es trasuntar la situación infrahumana de existencia sin los medios básicos para asegurar a una persona valerse por propio esfuerzo al hábitat, el alimento, la educación, la salud y el resguardo de su ser y el de su entorno familiar.
Un enfoque desde los Derechos Humanos, nos posiciona en la obligación de reconocer que actualmente el Gobierno Provincial en Salta, ejecuta un plan institucional de represión sobre los pobres porque su mirada está basada en la arcaica idea de la política criminal surgida en la Europa de hace dos siglos, aquí ejercida por dirigentes políticos cuya procedencia es la clase alta y por tanto, con el entendimiento del necesario castigo a la pobreza y por ende al pobre.
La Policía es además como esquema institucional, el sector que más se provee así misma de ciudadanos cuyo origen en la escala es el sector al que luego manda a reprimir en las manifestaciones públicas por el reclamo de derechos sociales conculcados. Su planta de empleados provienen en gran número, notorio y visible de familias humildes sean de los poblados del Interior o de las zonas, barrios y asentamientos de la ciudad. Entonces, aquí podemos ya comenzar a pensar que en los disvalores instruidos a los suyos, el odio al semejante es un componente que replica en su accionar en las calles frente a ese sujeto que no percibe como persona, que desconoce como igual y que por tanto, descarga sobre él, las más severas condenas sin pasar por el debido proceso judicial.
No obstante cabe reconocer que nada de esto es posible sin una estructura gubernamental que puertas adentro permita hacer tales desmanes en contra del ciudadano, atente contra la vida y siga sin otra reflexión que la atribuible a cualquier desgracia fortuita. Así una sociedad se torna incapaz de lograr afrontar y confrontar su conflictividad, los problemas que la aquejan y que mediante la deliberación de los mismos sea capaz de solucionar los vejámenes cometidos por funcionarios públicos.
Cristian Gallardo: agonizó clamando por su mamá
Los gritos ahogados del joven que rogaba por su vida rodeado de sus torturadores, llamaba a su madre desde el dolor y la desesperación. Una vecina fue testigo de ese clamor, de niño, de joven que vuelve a ser niño, antes de morir, recordando a lo más amado que ha tenido en una vida signada por la necesidad, su madre.
InfoBaires24 contactó con Mariel, hermana de Cristian Ezequiel y por ello, exhibimos el video de la exhumación del cuerpo luego que por orden del Procurador General, Abel Cornejo y habida cuenta que los familiares aportaran un video con las evidencias de los vejámenes padecidos por Cristian antes de morir, contradecían lo detallado por el primer reporte forense. Así es que decidieron en el Ministerio Público, organizar una nueva Junta Forense para determinar científicamente las causas probables de su deceso.
Esta determinación la da a conocer Rodrigo Escobar, abogado de la familia de Cristian y la madre de la víctima, Alicia Salas quien a la prensa norteña, le comentó: “Vi la exhumación de mi hijo, sentí nuevamente todo el dolor de una madre por su hijo yacente. La piedad por su martirio es el sentimiento que me acompañó. Me retiré porque ya no podía más, pero también porque vi un dejo de justicia en lo que pasó esta mañana, esta tarde, y lo que sé que pasará en la madrugada. Lo sé porque fui y soy su madre y entiendo que los médicos dirán la verdad, la que vimos todos, la que no se puede ni debe maquillar. Me fui confiando en los hombres lo que Dios ya dictaminó. Realmente me sorprendió la respuesta fiscal” dijo Salas a medios salteños.
Los casos emblemáticos de Salta
El abuso que comete la Policía de la Provincia no es nuevo. Cabe recordar a: Nahuel Salvatierra ejecutado a metros de la puerta de su casa, mientras estaba con amigo en la madrugada calurosa del verano norteño. Está prohibido todo lo que transgreda el prejuicioso criterio de lo normado para la Policía en los barrios de la periferia citadina. Si el joven está en grupo es miembro de una banda y no un joven en un grupo de amigos. La ejecución por la espalda a Salvatierra, expuso en la provincia la miserabilidad del trato hacia las personas en las villas, barrios y asentamientos provinciales.
Otro caso que nos lleva a la indignación; David Alfonso Neri Ovejero, un vecino de zona humilde que no pudo tolerar el desalojo de un rancho vecino en donde pernoctaban una madre soltera y sus hijos pequeños. El hombre interviene en el momento que la policía aplicaba la fuerza sobre la mujer indefensa, ante el hecho, Neri Ovejero, reclama. Un policía lo toma del cuello, lo tumba al suelo y al soltarlo el hombre ya está cursando un paro cardio respiratorio del cual no podrá volver con vida. Muere de sus vecinas y esposa quienes bajo el sol del mediodía, intentaban que no lo lastimen las fuerzas que dejaron aquello de “orden público” en una posición bastante dudosa sobre su fin y destreza para el trato con civiles.
Engrosan estas historias recientes, hechos no aclarados como la detención seguida de muerte del joven Jorge David Farfán-Guri- quien fuera apresado en 2019 tras sospecharlo como autor de un intento de robo en una casa particular del barrio obrera Santa Ana I, de donde habría sido golpeado por una familia que estando en la casa, advirtiera que le robaban una bicicleta. No obstante ese testimonio, el propio tío del hombre muerto por la feroz golpiza, comentó que en el auto oficial lo sometieron a torturas para que escarmiente.
Los oficiales de la detención ignoraron el estado del joven maltratado y lo llevaron a la comisaría, donde luego de agonizar, muere.
Medios de la prensa local, mencionan detalles de lo sucedido por declaraciones de su padre: “Jorge Farfán, padre del fallecido, contó a DNIsalta.com que el joven estaba por realizar la construcción de su casa en zona de San Luis. “Ese día estuvo comprando materiales. Tenía una riñonera con plata, aproximadamente 8 mil pesos. Estaba en pareja. Era una excelente persona, un excelente chico” relató.
Haciendo mención al fatídico episodio que vivió su hijo, Farfán mencionó que esa madrugada, el joven se hallaba reunido con amigos en una casa. “Cuando salió, comenzaron a perseguirlo, a lo mejor, para robarle la plata. Él corrió hasta una sandwichería donde pidió ayuda a un cadete para que lo lleve ya que lo estaban persiguiendo, pero se fue nuevamente corriendo. Dijeron que quiso robar una bici para justificar los golpes, pero en realidad le robaron a él. No tenía las zapatillas, la remera y estaba sin la riñonera con la plata” manifestó y solicitó al Gobernador, a quien mencionó que votó en las elecciones, que le dé respuestas sobre los asesinos de su hijo que serían policías.
“Mi hijo estaba vivo cuando se lo llevó la policía; la policía lo mató. Urtubey y el Jefe de Policía me tienen que dar respuestas. Tienen que decirme quienes son los asesinos. Somos gente de trabajo. Mi hijo no tenía antecedentes>> Alicia Salas, madre de Cristian Gallardo.
FUENTE: InfoBaires24.com