La Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, presentó el día 1 de noviembre de 2019, ante la Cancillería argentina, un informe en el que detalla una serie de hechos que trasuntan una gravísima vulneración del Estado de Derecho por parte del actual gobierno de nuestro país.
En un comunicado de la organización civil JUSTICIA LEGÍTIMA, expresan: “Así, el informe referido alude a la obtención por medios espurios de mayoría en el Consejo de la Magistratura; el intento de designación de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto y sin respetar los requisitos normativos del proceso de selección; el ataque a la Procuradora Gral. de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbo; la designación por subrogación ilegal del juez con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires; la designación mediante un traslado ilegal del juez Dr. Carlos Mahiques como miembro de la Cámara Federal de Casación; la designación ilegal del juez Dr. Leopoldo Bruglia; los ataques a jueces y abogados del fuero laboral y a aquellos que cuestionaron la constitucionalidad de las tarifas de servicios públicos; los intentos para apartar a los fiscales en la causa Correo Argentino; los ataques al Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, todo ello en un contexto de injerencia en los poderes judiciales.
La Relatoría insta al Gobierno nacional a adoptar, con atención inmediata, las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de tales violaciones, a la vez que insta a tomar las medidas efectivas para evitar la reiteración de tales hechos. Justicia Legítima ha venido denunciando a lo largo de los últimos años, todos estos hechos que afectan gravemente el Estado de Derecho, y con fecha 6 de septiembre del corriente año, hizo entrega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un documento en este sentido.
Las situaciones denunciadas por la Relatoría, por su repetición y sistematicidad, trasuntan un desprecio por el sistema republicano, la independencia de los órganos de administración de justicia y las garantías constitucionales, poniendo en serio riesgo la vida, la libertad y los bienes de todos los ciudadanos, de los que el Poder Judicial es el último resguardo. Resulta necesario entonces esclarecer las responsabilidades por los hechos denunciados, como condición necesaria para iniciar una nueva etapa en nuestro país, en la que el respeto por la Constitución Nacional, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho constituyan un pilar central en el avance hacia un país más justo y solidario”