La flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio y social, en Argentina volvió a poner el eje en el cuidado de las infancias.
La dura experiencia de un proceso socializador interrumpido como el que les otorga la escuela y otros espacios compartidos a través de la educación y entrenamiento de habilidades fuera del hogar.
No obstante, no todos los niños, niñas y adolescentes en el país tienen una agenda de esa índole.
Parecen haber olvidado los medios de comunicación, que la gestión neoliberal del macrismo, habiéndole quitado derechos y ayudas sociales, condenó a la pobreza a la mitad de la población infanto juvenil del país.
En Argentina el 29,7% de las personas está en situación de pobreza. Sin embargo, cuando nos centramos en hogares donde residen niñas, niños y adolescentes este porcentaje asciende al 47,7% (18 puntos porcentuales más que la pobreza en general) .
Esta diferencia muestra la mayor incidencia de la pobreza en la niñez y adolescencia, debida al mayor tamaño relativo de los hogares de bajos ingresos y a la elevada cantidad de niñas y niños que residen en ellos. La pobreza extrema, por su parte, afecta al 10,8% de los niños y adolescentes del país, frente al 5,6% de la población general” publicó un informe de UNICEF en el 2017.
Estos datos que podemos tener en cuenta para este panorama, nos trae a la memoria que la primera medida social, política y económica, urgente, en el país, para este sector vulnerado es la de contención alimentaria; sin que esto signifique relegar todas las necesidades y derechos de la niñez, hoy expuesta a todas las enfermedades que surgen en un calendario de vacunación otrora interrumpido por la decisión política de Mauricio Macri.
En 2018 la escasez en edad infantil infantil subió al 51,7% y el 13% de los menores pasó hambre, según la Universidad Católica, cuando detalló los peores datos de la década.
Uno de cada dos argentinos menores de edad es pobre y uno de cada diez pasa hambre en un país que exporta alimentos para 400 millones de personas. Los datos de 2018 del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) son demoledores para el Gobierno de Mauricio Macri, que pidió ser juzgado por su capacidad para reducir la pobreza. El 51,7% de carestía infantil —6,1 millones de menores— registrado el año pasado es la peor cifra de la década: supone un aumento de casi ocho puntos respecto a un año antes y casi 12 puntos más que el mejor registro, en 2011. La crisis económica, y especialmente, la brutal subida del precio de los alimentos —51,2%, por encima de la inflación general, del 47,6% el año pasado— agravó la situación de muchos hogares, que vieron mermados sus ingresos por la pérdida de pequeños trabajos informales, popularmente conocidos como changas.
Ese informe que durante el primer semestre del año pasado, llenaba las páginas de la prensa nacional e internacional, parece haber quedado en la nada, luego que se restituyeran políticas directamente vinculadas con la seguridad alimentaria, atacada fuertemente en la gestión neoliberal y que apenas fue reconstruida en parte en estos primeros 4 meses del período en curso, en medio de una pandemia de la que, a ciencia cierta, los gobiernos no tenían noción de lo que iba a suceder con una recesión económica de tal magnitud.
Los informes emitidos por la FAO, dependiente de ONU sobre la seguridad alimentaria en el mundo, no nos colocan en un panorama alentador, si se tiene presente que aún no sabemos el estado de las poblaciones vulnerables, frente al covid19.
Con esto, poner en agenda de los medios, la necesidad de esparcimiento de la población infantil y callar el eje fundamental del peligro social y sanitario del sector, es sólo generar y acrecentar ansiedades y malhumor social, evitando una vez más que los verdaderos motivos de la pobreza profunda y los problemas urgentes, se visibilicen de un modo puntual.
Los niños, niñas y adolescentes necesitan seguridad alimentaria, acceso a la vivienda digna, a los servicios de calidad como educación y salud, y una estructura judicial acorde a la atención de ciudadanos y ciudadanas, atravesados por el maltrato, el abuso y el abandono; además del creciente fenómeno socio criminal de la violencia intrafamiliar, en especial, el femicidio.-
La pandemia del covid19 introdujo otro aspecto más para atender en los problemas de aquejan a la sociedad, pero recordemos que veníamos de esto que denominaron, con mucho tino: tierra arrasada.