Stella Calloni, periodista e investigadora especializada en la Operación Cóndor y otras políticas de cooperación interamericanas al servicio del imperialismo estadounidense y Nilda Garré abogada y ex embajadora presentarán su testimonio.
LEGITIMACIÓN DE LA LIGA: Esta presentación tiene su fundamento tanto en las prescripciones del art. 82 bis y ccs. del CPP, como en los antecedentes que existen en la materia, ya que, por tratarse de una causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos vinculados a graves violaciones a los DD.HH., queda incluida tanto en la normativa procesal como en el estatuto de la Liga.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (hoy conocida públicamente como Liga Argentina por los Derechos Humanos) es el organismo de DD.HH. más antiguo que todavía existe en nuestro país y uno de los más antiguos del mundo, ya que fue fundada el 20 de diciembre del año 1937, aunque para evitar las persecuciones estatales durante la mayor parte de su existencia no contó con personería jurídica (lo que evitó que pudiera ser disuelta por los sucesivos gobiernos que la persiguieron).
El actual artículo 2 del estatuto de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre establece expresamente que: “El objeto de la asociación será dedicarse a la defensa, promoción y educación para los Derechos Humamos. A tal fin, velará por la plena vigencia de las instituciones republicanas; promoverá la renovación y mejoramiento de la legislación vinculada con su temática; se opondrá activamente a cualquier violación de los derechos humanos ya sea en su perspectiva histórica, entendidos como derechos individuales a organizarse, manifestarse y luchar por los derechos populares tanto como en su perspectiva social, como derecho del trabajo, a la salud, la educación, la vivienda y todos aquellos derechos que hacen a la calidad de vida en el siglo XXI; de un modo especial lucharemos contra la vulneración del orden constitucional, en especial los golpes de estado, gobiernos de fuerza o dictaduras; reclamará la derogación de la legislación represiva, la libertad de los presos políticos…”·
En cumplimento del objeto de su estatuto, la Liga ha repudiado el golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el entonces Presidente (y también Presidente electo) Evo Morales, y ha colaborado ayudando a que numerosos militantes políticos del vecino país pudieran refugiarse en nuestra República, escapando de la persecución de los golpistas.
En consecuencia, tanto nuestros estatutos como la conducta de la Liga en defensa del pueblo boliviano y de las instituciones que éste legítimamente se dio, autorizan nuestra presentación como querellantes en esta causa donde no solamente se investiga la comisión de diversos delitos en territorio argentino, sino también la probable colaboración en gravísimas violaciones a los DD.HH. cometidas por los golpistas que usurparon el Gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia.
HECHOS
Es público y notorio que desde el 20 de octubre al 10 de noviembre de 2019 se produjo una campaña golpista contra el legítimo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces encabezado por Evo Morales, quien como consecuencia de las presiones internas y externas (con el Secretario General de la OEA Luis Almagro como mascarón visible) fue obligado a renunciar y corrió grave riesgo de ser asesinado.
Los masivos reclamos de la población, que se manifestaba contra el golpe, fueron aplastados con masacres como las de Sacaba y Senkata (ocurridas respectivamente el 15 y el 19 de noviembre de 2019).
Según surge de la documentación que se ha hecho pública, el Director Nacional de la Gendarmería Nacional ordenó el 11 de noviembre de 2019 (o con anterioridad) tramitar la autorización para enviar temporariamente material y equipamiento al vecino país, con la excusa de que sería utilizado por personal de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán para “brindar seguridad y protección al Embajador y personal de la Embajada argentina en Bolivia”.
Ese mismo día ANMaC autorizó a enviar allí por noventa días corridos 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, 2 escudos balísticos, 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, 3.600 de las cuales eran del calibre 12/70. Con ese quipo se autorizó el traslado de once efectivos de la Gendarmería. Al día siguiente se solicitó (y concedió) ampliar la autorización a 70.000 cartuchos anti-tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta. Ese mismo día se autorizó por separado el envío de 661 granadas de mano de gas para hostigamiento.
El 13 de noviembre de 2019 a la madrugada aterrizó el Hércules con el material ilegalmente remitido desde Argentina. Y el mismo día, el jefe golpista de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara, agradeció la entrega de 40.000 cartuchos antitumulto de 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray Mk 9, 5 gases lacrimógenos en spray Mk 4, 50 granadas de gas CN (lacrimógenas), 19 granadas de gas CS (irritantes) y 52 granadas de gas HC (de humo blanco).
El 15 de noviembre de 2019, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich autorizó la salida de los gendarmes, que ya estaban en Bolivia desde dos días antes.
En julio de 2020, el entonces titular de la Dirección de Operaciones de Gendarmería, Carlos Recalde, pretendió en un documento que los 70.000 cartuchos antitumulto se había gastado para prácticas de los efectivos enviados a Bolivia.
Esta versión es claramente falsa, ya que de todo el armamento llevado a Bolivia solamente las dos escopetas podrían haber disparado esa cartuchería, lo que implicaría que cada escopeta habría sido usada 35.000 veces para entrenar al personal durante menos de un año. Lo cual es tan absurdo como imposible, dado que difícilmente esas armas podrían resistir ese uso intensivo.
Como mínimo, los elementos acreditados hasta ahora demuestran la voluntad del gobierno presidido por Mauricio Macri de afianzar al ejecutivo golpista, entregándole una numerosa cantidad de municiones antitumulto y otros equipos destinados a la represión del pueblo boliviano.
Sin perjuicio de la posible participación del Gobierno argentino en el propio golpe de Estado y de la probable participación necesaria en las masacres de Sacaba y Senkata, todos ellos graves crímenes contra los DD.HH., las conductas investigadas encuadrarían asimismo en contrabando agravado, falsedad ideológica de diversos documentos públicos y delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, que encuadrarían en las previsiones de los arts. 219 y 220 del C.P.N.
Debo destacar que, entre los hechos que se hicieron públicos se encuentra una decisión de modificar las normas aduaneras para permitir esta exportación temporaria, tomada días antes de que se produjera el golpe de Estado en Bolivia. Si efectivamente dicha decisión tuviera este objetivo, indicaría un compromiso del gobierno con los golpistas anterior a que éstos lograran derrocar al Presidente Evo Morales, con las consecuentes responsabilidades penales, .
OFRECIMIENTO DE PRUEBA
Testimonial
a) Stella Calloni, periodista e investigadora especializada en la Operación Cóndor y otras políticas de cooperación interamericanas al servicio del imperialismo estadounidense.
b) Nilda Garré, quien por sus sucesivos cargos políticos puede aportar datos de contexto relevantes para la presente investigación.
Informativa y documental en poder de terceros
Solicito que se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores la nómina completa del personal que prestó servicios en la Embajada en Bolivia durante el período entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Asimismo, que remita un plano de dicha Embajada, señalando si existe algún polígono de tiro o algún lugar que pudiera funcionar con ese fin y remita también todo informe de los funcionarios a cargo de dicha Embajada acerca de las acciones realizadas por el personal de Gendarmería. Igualmente, se requiera a dicho Ministerio que informe sobre cualquier conversación con los demás integrantes del “Grupo de Lima” o el Secretario General de la OEA Luis Almagro Lemes acerca de la desestabilización y promoción de la destitución del Presidente Evo Morales o para proveer equipamiento a los golpistas en Bolivia (antes o después del golpe de Estado).
Solicito asimismo que se requiera a la Fuerza Aérea Argentina (dependiente de Ministerio de Defensa) y al Ministerio de Seguridad la totalidad de la documentación relativa al vuelo en el cual fueron transportadas las municiones a Bolivia y, en particular, que se acredite si todas las municiones fueron remitidas a la Embajada argentina o una parte fue entregada en el mismo aeropuerto a alguna de las instituciones dominadas por los golpistas.
Solicito que se requiera al Ministerio de Seguridad la presentación de los antecedentes que funden la decisión del entonces Director Nacional de Gendarmería Nacional de remitir a Bolivia los gendarmes del Grupo Alacrán y la enorme cantidad de armamento que evidentemente no estaba destinada a ellos (en especial, las municiones antitumulto). Asimismo, que dicho Ministerio informe el calibre de cada una de las armas llevadas por esos efectivos al país vecino y aclare si, además de las 70.000 municiones antitumulto, hubo otros materiales exportados temporariamente que no hayan sido reintegrados al país en julio de 2020 o en algún otro momento.
SERÁ JUSTICIA