Se conviene que la inmunización de la ciudadanía es la principal de las medidas sanitarias en favor de la erradicación de la covid19 en el país. Además de todos los protocolos sanitarios para evitar contagios y por tanto, la propagación de dicha enfermedad pandémica.
No obstante, el tomar una medida que tiende a lo sancionatorio sin haber dado previo aviso oficial y público, en el ámbito estatal es un yerro con cierta mala intención, teniendo en cuenta, además que les pone a las personas contratadas, que no son de planta permanente y que no ejercen su derecho laboral a la estabilidad, una presión anexa a la incertidumbre que le genera este contexto.
SNI tomó contacto con las partes afectadas en una repartición que está en agenda de la Reforma Parcial de la Constitución, dado su desempeño nulo en el contralor que le supone como objetivo general. AGP intimó a sus trabajadores y trabajadoras a la presentación del carnet de vacunación contra la coronavirus.
Cabe destacar que en materia sanitaria, la obligatoriedad siempre es del Estado hacia la población en primera instancia y no al revés. La provisión de las vacunas en el operativo de la Provincia, debe alcanzar a la aplicación de las segundas dosis, para recién empezar a pensar en la exigencia pero que esta no puede ser atentatoria de lo ya dispuesto en derechos adquiridos como los del área laboral.