Con demoras, mala voluntad judicial y una incomprensible capacidad para defender lo indefendible, el funcionario, no logra que restituyan un camión municipal a la intendencia de Santa Victoria Este.A pesar de conocer a los delincuentes, saber el paradero del vehículo y tener la confesión de quienes les corresponde estar como imputados por el grave daño a la comunidad wichí que implica la ausencia del único medio para cumplir con tareas de saneamiento en la comuna, la fiscalía sigue inactiva.
Hace unos años por un caso gravísimo como fue el de la violación en banda a una niña wichí, el por aquel entonces, juez de la Corte y hoy actual ministro de Seguridad, Abel Cornejo, había señalado múltiples errores en la calidad del servicio de justicia que administra desde su rol como fiscal, Cazón, miembro del Ministerio Público en el distrito judicial norte.
Salvando las distancias de los casos, pero encontrando que el común denominador es el acceso a la justicia para pueblos originarios, hoy el patrimonio municipal tropieza con el retardo de justicia en la denuncia por el camión oficial que fuera robado y retenido en la comunidad conocida como “BUEN DESTINO”
Dos punteros políticos reconocieron públicamente su mal proceder y dejaron registrado en un video que de ese modo extorsionan al Intendente wichí Rogelio Nerón para que “negocie” con ellos, antes diversos reclamos que quieren hacer en persona al jefe municipal.
El fiscal Cazón tiene esta situación en su escritorio, no obstante, lo que debiera ser un procedimiento sencillo, parece estar superado por las presiones políticas partidarias.
Cabe recordar que fue el propio Abel Cornejo quien señaló sobre Cazón tres aspectos por los que a su entender, debía afrontar un jury de enjuiciamiento que luego no prosperó: “mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de sus deberes” el juez de garantías Mariscal Astigueta y el fiscal, Jorge Armando Cazón, fueron motivo de un pedido de jury por la actuación de ambos en la investigación sobre la niña wichi violada por ocho criollos en el poblado Alto de la Sierra en noviembre de 2015.
SALTA: APARECIÓ EL CAMIÓN MUNICIPAL WICHÍ https://t.co/iPZDdNPWxT
— InfoPais (@InfoPaisArg) March 22, 2022
“Casi siete meses más tarde de la comisión del hecho aberrante por una banda de inadaptados, todavía ni el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los responsables”, sostuvo Cornejo en aquella ocasión en su escrito acusador. En ese contexto, describió: “el ataque sufrido por la niña “y probablemente como consecuencia de los abusos múltiples habría quedado embarazada. No obstante, que el Sr. Fiscal puso en crisis que esto último pueda inferirse, dado que especuló que el embarazo podría ser anterior”. Cornejo además dijo: “En todo caso (…) tal circunstancia incluso agravaría el execrable injusto al que fue sometida en total indefensión”. https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-301405-2016-06-10.html
Pese a esto, años más tarde, la política más que la “justicia” dejarían sin efecto el jury, evitándoles a los mencionados, afrontar la consecuencia de sus respectivos roles en el delito padecido por la niña wichí.
Hoy, con la confesión de los involucrados, las pruebas del vehículo en manos de los mismos, las denuncias que dieron cuenta de los hechos por los que se afectó el patrimonio comunitario de la Municipalidad de Sta Victoria Este, parecen ser insuficientes para restituir una herramienta imprescindible en la paupérrima comuna mayoritariamente al servicio de los Pueblos originarios de la zona del Chacosalteño.
El único misterio por resolver es qué o quién, influye de este modo en Jorge Armando Cazón, al parecer mero portador de un traje cuyo sastre ostenta un oscuro poder que mantiene a las comunidades wichí bajo el sometimiento inhumano de la indiferencia gubernamental y alejadas de todo acceso a una justicia de calidad.
Cazón no fiscaliza para el ciudadano de a pie, eso quedó más que demostrado, por tanto, habrá que seguir la huella del desempeño en el cargo que ocupa para verificar a quién favorece.
SNI tuvo acceso a la información desde la dirigencia política indígena Nacional que los procedimientos detallados están siendo monitoreados por Nación.