Agustina Nieto, víctima de femicidio, muere una y otra vez en una sociedad en plena crisis institucional.
Su vida en la periferia fue invisibilizada y su homicidio, negado por una investigación que no da certidumbres a sus padres y seres queridos.
Cuano el Senado de la provincia se niega a crear la comisión permanente de violencia de género o tratar la posibilidad de una comisión especial, el proceso judicial entorno al femicidio de Agustina, expone el amargo destino que le espera a las mujeres en Salta.
Ya es de público conocimiento que la negativa desde el senado provincial para fijar un espacio legislativo que se ocupe de las cuestiones de género y diversidad, por la tesitura de su vicepresidente primero, Mashur Lapad.
Un macho empedernido que no admite siquiera pensar a sus pares en las realidades graves de las violencias de género que se presentan a diario en los pueblos y que incrementa el número de víctimas por femicidios, abusos sexuales, maltratos y demás hechos aberrantes, a medida que se alejan geográficamente de los centros judiciales en la provincia.
La dura derrota popular que le infringe la política indígena, deja al descubierto las atrocidades de tantos años de desidia turca.
MASHUR LAPAD NIEGA DERECHOS A LAS MUJERES DE SALTA https://t.co/vlULcjvwd6
— Salta Noticias (@saltainfo) May 17, 2022
Esa estructura mental, de un pope pueblerino que mantiene valores extranjerizantes y que sin dudas, su peyorativa mirada sobre la mujer está influenciada por el patriarcado oriental del cual desciende Lapad.
Hoy esta realidad significa la grave situación jurídico institucional que sacude a la provincia, nada más y nada menos que desde el SENADO, lugar donde debieran nacer los mejores marcos legales en defensa de la población vulnerada e incluso, desde donde se debiera controlar e instar al Poder Judicial para que no permita la perpetuidad de magistrados sin perspectiva de género.
Hoy la libertad que podría haber gozado Agustina Nieto, junto a sus seres queridos, no es más que el silencio espantoso de la INJUSTICIA sobre el Pueblo.
Sus padres señalararon públicamente: “fue hallada sin vida el 10 de noviembre de 2018 en un aguantadero de B° San Benito.
Agustina fue asesinada en el marco de un “ajuste de cuentas”, que tiene a personal policial y transas vinculados. Sin embargo el único imputado será Joaquin “Gololo” Viñabal.
Agustina fue ultimada por una banda de transas y narcopolicias que opera en la zona sudeste.
Denunciamos que esta línea de investigación no está siendo tomada por la fiscal, Mónica Poma” advierten.
Agregan también que “Los familiares de Agustina llegamos al juicio sin la posibilidad de ser querellantes por los plazos y requisitos que impuso la justicia. De esta forma denunciamos que el Estado prepara un juicio amañado que buscará dejar impune la muerte de nuestra Agustina, ya que la red de narcopolicias y transas que hay detras del crimen, seguira operando en el barrio y los asesinos sueltos”
Si el SENADO, sigue aprobando un sistema judicial que no contiene a las víctimas, y a los familiares, lo único que se logrará es debilitar la democracia en la que se sustenta nuestra República.
Rara lectura la que realizan legisladores, luego que el propio censo nacional, determinara la mayoría poblacional de las mujeres en Argentina. Si no se apuran a “leer” la realidad, seguirán siendo cómplices de los femicidas y enemigos de las electoras. Quizá por miedo al poder de la mujer es que personajes como el vicepresidente de los Senadores, niega espacio y representación legislativa a los urgentes asuntos del género en la Provincia.