LA JUSTICIA DE SALTA ABSOLVIÓ A DOCENTE DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL INFANTIL Crece la indignación en las comunidades originarias del Chacosalteño.

REDACCION
Se trata del coordinador escolar, Javier Luis Gómez, responsable del albergue educativo de Santa Victoria Este, quien fuera denunciado por la madre de una alumna, por abuso sexual y violencia de género.

La víctima, wichí, no recibió asistencia del sistema judicial en ningún momento, se le negó un facilitador intercultural bilingüe y no tuvo acceso a la asistencia psicológica como corresponde en estos casos, más aún tratándose de una menor de edad.
El caso se dio a conocer la semana pasada cuando en el centro judicial del distrito norte, en la ciudad de Tartagal, mujeres indígenas se apostaron para exigir justicia para las niñas wichís, maltratadas en ese establecimiento educativo perteneciente a la provincia de Salta.
El Colegio Secundario San Ignacio de Loyola, n°5061 habría sido escenario para las prácticas habituales de mal trato y discriminación hacia las estudiantes indígenas. El hecho de abuso sexual con acceso carnal fue expuesto ante las autoridades judiciales en Tartagal, a través de la madre de la víctima, una adolescente wichí.

“No existe justicia para los pueblos indigenas” dijo a SNI el cacique Abel Lutsej Mendoza quien además preside la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo, al momento de explicar lo que había sucedido la semana pasada cuando debieron trasladarse hasta el centro judicial norteño, junto a las mujeres que brindaron su apoyo a la víctima y su madre en instancias del juicio contra el pretenso abusador infantil.
Mendoza confirmó que para el próximo 6 de septiembre, se daría a conocer el fallo definitivo del tribunal. Asimismo hizo notar que ninguno de los dispositivos de contención a la víctima fueron dispuestos, en una clara maniobra de discriminación hacia los pueblos originarios.

“La niña nunca tuvo un defensor oficial, recursos, testigos ni siquiera un traductor para su lengua” comentaron además desde el  Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades -FOMUPIO- dirigido por Irene Cari, espacio desde donde acompañan a la familia.  Expresaron su preocupación por la falta de apoyo para denunciar los casos de chineo y que la familia está siendo amenazada de muerte, es por eso que se suman a la convocatoria en repudio de los fundamentos de la absolución; el 6 de septiembre en fiscalía tartagalense.
Ambos dirigentes indígenas, Mendoza y Cari atribuyeron a la protección política del abusador por parte de los legisladores del departamento, quienes no tienen reparo del tráfico de influencias para haber logrado, primero, la coordinación a favor de Gómez y luego, su absolución de un hecho criminal detestable.

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