El traslado por lo que el Ministerio de Educación, cataloga de “buen gobierno” se aplica cada vez que un directivo o docente en una escuela pública es expuesto, denunciado y hasta llevado ante la justicia local por cometidos en contra de la institución educativa, sus pares y en contra de los alumnos.
Los abusos sexuales infantiles en el contexto de las escuelas públicas, no son hechos nuevos, lamentablemente. Sucedió otrora cuando en la educación rural, campesinos de la Quebrada del Toro, llegaron a estaquear a un director que abusó de las infancias a su cargo, mientras era responsable de una escuela albergue de la zona, el criollaje, enterado de esto, hizo -a la vieja usanza- una sentencia inmediata y lo puso en cueros a la intemperie al abusador durante días. Luego, la policía debió trasladarlo de urgencia para que fuera investigado por la justicia.
Asombra que el actual gabinete de la Provincia, teniendo a una figura de la preeminencia del Ministro de Seguridad, Abel Cornejo, conocedor de las leyes en los ámbitos federales y provinciales, no escuche con expertiz sobre la investigación fiscal, la convivencia con la comunidad y las delicadezas en las tensas relaciones que se guardan en un contexto tan particular como lo es la ruralidad y los pueblos originarios. Dicho esto, parece que aún en el parentesco que une al Ministro de Educación con el de Seguridad, no se pongan a ni siquiera conversar cómo evitar que los problemas se profundicen de tal modo que lleguen a socavar el aspecto humanitario.
Hace un tiempo, dimos la información desde el SNI, sobre un docente a cargo del albergue secundario de Sta Victoria Este en el Chacosalteño, acusado de abuso sexual infantil. La justicia del norte provincial, no había brindado ninguna asistencia a la víctima denunciante, ni un facilitador cultural bilingüe, ni asistencia psicológica, ni asesoramiento letrado. Simplemente, optó por desestimar la denuncia y dejar libre al acusado, quien en premio de lo sucedido, le otorgaron recientemente el traslado por “buen gobierno” a las oficinas en Tartagal, en el área de la Casa cultural en esa ciudad. Hasta tanto se aplaquen las cosas a siete meses para las elecciones provinciales de abril del 2023. En esa área cultural, espacio de las comunidades indígenas, el nombrado entraría a seguir relacionándose con las mujeres y sin mácula alguna, continuaría recibiendo un salario que incluye zona rural y otras mieles de los haberes públicos.
Como si esto no fuera suficiente, posterior a una reunión de gabinete con la dirigencia originaria, en el norte, decidieron dar amparo a través del siempre inútil esquema oficialista -ASUNTOS INDÍGENAS- ni más, ni menos que al abusador infantil. Decisión que apunta al menos a dos de las bancas legislativas del depto Rivadavia; el senador Mashur Lapad y el diputado Moisés Balderrama, pareja de padrinos políticos que defienden la continuidad en el Estado, del coordinador educativo sospechado de haber abusado sexualmente de una alumna indígena.
Los caciques y las madres originarias, expresaron su consecuente repudio, presentando al Gobierno una nota en la que detallan la situación y exigen se remueva de todo cargo en la zona al coordinador educativo. Mensaje que parece no ser lo suficientemente claro para quienes gobiernan pues tirando de la cuerda, como nada cruje… parecen confiados en que las comunidades indígenas no serán un problema electoral, sin dimensionar que la ciudadanía originaria se convenció que el indio elegirá indios, no criollos porque de todos los problemas urgentes irresueltos en el norte, el del -CHINEO- que es ABUSO SEXUAL sobre infancias y mujeres indígenas es el peor de todos.
La agenda de los criollos es la perpetuidad de las bancas parlamentarias, como el cargo de Gobernador e incluso, el reparto del presupuesto.
Con el uso político de los indios cometen atrocidades que avergonzarían al peor de los seres humanos.
DATOS
La última reunión del gabinete en la zona participaron los ministros y los coordinadores de Salud, Educación y Seguridad quienes se reunieron con al menos medio centenar de referentes de las comunidades indígenas del Chacosalteño. Todos los funcionarios están enterados de la situación grave por los abusos sexuales que se cometen en esta parte de la provincia.