La educación concebida históricamente en nuestro país- en su mejor arista- como un derecho de ciudadanía, viene sufriendo desde hace décadas un proceso sistemático de reconversión a mercancía en el que se transmuta en un bien intangible, cuyo precio es fijado por distintas variables más económico- financieras que pedagógicas.
La propaganda oficial de los distintos gobiernos de Salta, señala como un gran logro los 181 días de clases, sobre el panorama desolador de las escuelas, los docentes y los estudiantes, claro está, que sin olvidarse de señalar de manera cínica “la reafirmación de un rumbo firme hacia una educación de calidad”.
Surge inmediatamente un interrogante ¿Cómo puede sostenerse la existencia de una educación de calidad con salarios docentes que en la mayoría de los casos oscilan entre las líneas de pobreza e indigencia y con niños que llegan a las aulas con sus estómagos vacíos, victimas de la violencia estructural de un modelo concentrador y excluyente?
No es posible sostener seriamente ninguna reforma al margen de las condiciones materiales y humanas que aseguren su implementación. Mucho menos puede pensarse en una reforma democrática y democratizadora en las condiciones de indignidad a que son sometidos los trabajadores de la educación y amplias capas de los sectores populares.
No hubo, ni hay un proceso de protagonismo real en el diseño de las políticas educativas. Los reclamos de eficacia y eficiencia que realizan los organismos financieros y que son tomados como parámetros de las políticas educativas se refieren al régimen administrativo y contable, pero nunca al aprendizaje (a está altura no es casual que algunos ministros de educación hayan sido contadores públicos).
Lo que para un banquero es eficiente (que se administre bien el dinero), no lo es para un educador en la medida en que la escuela- aunque gane plata- sea incapaz de lograr que los niños y jóvenes aprendan. De la mano de criterios contables en la definición de estrategias pedagógicas, aparecen las sugestivas ideas de replantear el financiamiento según el número de alumnos de la institución, o según el grado de – “eficacia del aprendizaje”- medida por la cantidad de promociones de un curso determinado. El imaginario de la relación pedagógica como una mercancía, del alumno como un insumo y del padre como un cliente, se instaló con secuelas obvias en la valorización del conocimiento entendido como un derecho de ciudadanía.
De este modo, se afirma la idea de que la escuela no enseña sino contiene, y los niños-particularmente los provenientes de los sectores populares- no aprenden, sino que son-en el mejor de los casos alimentados.
Quienes defendemos la educación popular tenemos muy claro que no puede haber propuesta educativa democrática, en una sociedad de privilegio, impunidad y exclusión. El desafío por tanto , es avanzar en la organización de una alternativa pedagógica desde una perspectiva democratizadora en un triple sentido : democratizadora en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo; democratizadora en la apropiación de aquellos conocimientos que contribuyan a la construcción de una plena ciudadanía económica, social, política, cultural y educativa para las mayorías populares; y democratizadora desde la organización del gobierno de la educación y la toma de decisiones donde participen sin exclusiones.
En relación a la resolución del pedido de aumento salarial al básico , que plantean los docentes salteños, el ministro de economía se preguntará de donde sacar los recursos e inmediatamente se responderá ¿sacarlo de partidas presupuestarias dirigidas a la obra pública? O¿ trasladar el costo del aumento a otros sectores del pueblo? tratando de enemistar a estos con los docentes, podemos en todo caso impulsar la implementación de un Impuesto de Emergencia del 5% anual sobre los siguientes sectores productivos : Salta produce entre maíz, soja y sorgo 1.500.000 toneladas (un millón y medio) a un promedio de 400 dólares la tonelada suma 600.000.000 de dólares ( seiscientos millones); 250.000 toneladas de porotos( doscientos cincuenta mil) a 800 dólares la tonelada suma aproximadamente 200.000.000 de dólares ( doscientos millones); caña de azúcar 200.000.000 de dólares (doscientos millones) y entre tabaco y hortalizas 400.000.000 millones de dólares, la suma total redondea una cifra de 1.200.000.000 de dólares( mil doscientos millones), un 5% sobre la facturación neta que se hace en la provincia recaudaría 60.000.000 de dólares anuales( sesenta millones) al cambio oficial de 240 $ el dólar, cerraría una cifra cercana a los 14. 400.000.000 de pesos (catorce mil cuatrocientos millones de pesos) y se podría resolver el aumento solicitado por los docentes.
Por si estos recursos no fueran suficientes, el gobierno provincial tendría que responder algunas preguntas ¿a cuanto se vende el petróleo y el gas salteño?, ¿a quien se le vende? ¿quien cobra? Y ante la situación actual blanquear las regalías hodrocarburiferas con control popular.
En conclusión, sobran los recursos si bajamos la tasa de ganancia de la burguesía.
Fotografía: Isidoro Zang https://www.facebook.com/photo/?fbid=267022440485434&set=t.100000954224667