El gremio de los judiciales federales advierte sobre las condiciones de trabajo que afectan a los empleados del sector, en un comunicado emitido para todo el país. A causa del contacto con un detenido que poseía la enfermedad, un agente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional número 30 se contagió la peligrosa enfermedad.
El silencio es complicidad: La tuberculosis (TBC) es llamada también la enfermedad de los pobres por estar relacionada con la mala alimentación, malas condiciones de higiene y el hacinamiento entre otros factores socioeconómicos. Por ese motivo, cuando comenzaron a aparecer múltiples casos entre empleados judiciales se encendieron las alarmas en distintos ámbitos del poder.
Al gobierno nacional le preocupa que este hecho trascienda mediáticamente porque es un claro ejemplo de que las políticas económicas de ajuste se vinculan de forma directa con temas de salud pública cuyos efectos- esperan- comenzaremos a ver luego de las elecciones presidenciales. Además, para evitar que el foco infeccioso se propague, es necesario tener una política preventiva para todo el Poder Judicial, Ministerio Público y Servicio Penitenciario, la cual implica una erogación presupuestaria que no se encuentra en sintonía con la disminución del gasto público que propone el FMI y que se pretende aplicar al PJN como vimos en los últimos días.
Pero el oficialismo no es el único sector preocupado por el asunto. Es que la Cámara del Crimen cometió una serie de errores que ahora intenta tapar desesperadamente. El punto que mas preocupa a las autoridades del fuero es el lapso de tiempo que transcurrió entre el primer y el segundo contagio sin que hayan tomado ninguna medida preventiva: es que a mediados de marzo una trabajadora del de Comodoro Py refirió haberse contagiado TBC durante una declaración indagatoria pero las autoridades no procedieron ni siquiera a la desinfección del juzgado e incluso decidieron creer la teoría de algún funcionario trasnochado que sostenía que la enfermedad había sido contraída en un colectivo.
Igual de preocupante son los dos días que transcurrieron entre que se denuncia del segundo caso del fuero -Juzgado de Instrucción 30 y que la Cámara decide solicitar a la CSJN que se decrete la feria en el tribunal para que los empleados puedan no estar en contacto con el virus -también a pedido de la UEJN-. Esto es más grave aún si consideramos que fue el gremio de judiciales el que decidió clausurar la entrada al Juzgado para proteger a los trabajadores y que aún así tres de ellos contrajeron la enfermedad (sin daño pulmonar pero si con tratamientos preventivos).
El relato de los trabajadores es claro: estuvieron durante cuatro horas encerrados con una persona enferma la cual al tiempo de prestar declaración indagatoria manifestó tener tuberculosis y como resultado de ese acontecimiento cuatro personas tienen el virus en su cuerpo. El gran problema es que no existe en la Cámara del Crimen un protocolo que garantice la salud ni de los detenidos ni de los funcionarios que deben estar en contacto con aquéllos y que desde la Cámara la única respuesta fue “desinfectar” la oficina y seguir adelante con el trabajo como si nada hubiera ocurrido. Tan preocupados están en la Cámara que el gremio tuvo que solicitar que se incorpore el parte del contagio a los legajos de los empleados ya que se omitió hacerlo.
Ante la falta de respuestas de la Cámara del Crimen, en los juzgados penales se generó un estado de pánico generalizado e incluso algunos funcionarios ahora piden que los detenidos sean trasladados con barbijos- sin excepción- lo que resulta un despropósito y una medida estigmatizante. Como para complicar aún más el panorama, cuanto más se indaga sobre la cuestión, aparecen nuevos interrogantes: durante las últimas 48hs. en un mismo juzgado del Palacio de justicia accedieron dos imputados infectados con sarna y con hepatitis sin que se tomara ninguna medida de seguridad para su traslado y posterior declaración indagatoria.
Hay muchas formas de comenzar a prevenir estas enfermedades laborales que están surgiendo en nuestro ámbito judicial, pero necesitan de políticas activas de las autoridades que por ahora, han decidido tapar el conflicto para no asumir la responsabilidad.
FUENTE: -UEJN-