“A veintitrés – 23- días de la búsqueda de Ana María Gray, mujer wichí de la comunidad originaria Misión Emanuel, de la localidad de Apolinario Saravia, en la Provincia de Salta, recibimos esta mañana el llamado de Sixto Gray, su padre, manifestando a nuestra Fundación, Volviendo a casa, la intención de continuar la búsqueda de su hija y solicitando ayuda legal y comunicativa a dicho fin. Sixto no sabe leer ni escribir, con lo cual comenta, se tiene que acompañar siempre de una persona o varias, de la comunidad o ajenas a esta, a realizar trámites, como los que debe llevar adelante en esta triste ocasión, para la búsqueda de su hija y protección de sus nietos” menciona el comunicado enviado a la prensa.
Sixto Gray pide difusión de lo siguiente: la búsqueda de su hija continúa porque él no ha recibido pruebas de que ella se encuentre bien. NO cree que Ana María se haya ido con lo puesto por propia voluntad sino engañada. Conoce nombre de persona sospechosa de Apolinario Saravia, de tener vínculo con la prostitución, que se relacionó con su hija poco tiempo antes de que Ana María desaparezca de la localidad sorpresivamente y “aparezca” en el conurbano bonaerense. Manifiesta su disconformidad con el accionar de la justicia local. Convoca a la opinión pública de Salta, de Buenos Aires y del país, a que lo apoyen en su búsqueda y pedido de regreso de su hija a casa, y a la reflexión profunda acerca del tratamiento de este caso.
El auxiliar fiscal manifiesta en una de sus entrevistas públicas que no podría haber hecho volver a Ana María Gray, por ningún medio, esto es contradictorio para con lo que indica la ley en relación a sus deberes de madre. Es de aclarar que en un caso como este solo es recomendable que además se cumpla un régimen de visitas solamente en Apolinario Saravia, no en otro lugar, dado que sería riesgoso que los pequeños hijos salgan de dicha localidad, y más aún de la Provincia de Salta. Denuncia destrato por parte de la delegación local de la fiscalía, que se ha dedicado en todo momento a deslegitimar su búsqueda, primero no atendiéndola e incumpliendo el protocolo frente a denuncias por trata, y que posteriormente solo se ha preocupado de responder al comunicado de búsqueda en los medios de comunicación locales que no escucha Sixto y a los que no tiene acceso porque vive retirado de la ciudad. Esto último se llama discriminación, lo que no aclaran los funcionarios de la fiscalía local en los medios con los que tienen amistad es que ellos les hablan por esos medios a la opinión pública criolla y blanca y no dan lugar a la palabra de los indígenas, sino que por el contrario, la invisibilizan. La fiscalía local no solo no ha hecho ninguna búsqueda como aduce el auxiliar fiscal en sus entrevistas mediáticas, sino que los elementos de la búsqueda aportados en todo momento solo por la familia, no se abordaron desde el protocolo correspondiente, con lo cual tendieron a echar por tierra las pruebas. El Estado no debe deslegitimar a las víctimas, ni abandonarlas a su suerte, ni convocar a que la opinión pública por medio de la prensa local amiga y connivente las maltrate sino por el contrario debiera acompañarlas. Todo cuanto se hizo en relación con este caso, habla de discriminación hacia las mujeres y hacia los pueblos originarios que muchas veces no manejan la letra escrita ni los códigos en español o de la cultura hegemónica, ni tienen acceso a las defensas que debiera poder acceder cualquier ciudadano. Esta invisibilización que hace de la disparidad de condiciones en las que se encuentran los ciudadanos indígenas frente al poder judicial que hace la justicia local misma, la que replica cierto sector de prensa local y de la Provincia de Salta, son denunciables no solo en los medios sino además en el INADI y en otros organismos de la justicia. Un signo visible de esto es que a pesar de que el auxiliar del fiscal se manifiesta ofendido frente al cuestionamiento del accionar de la fiscalía y dice que se llevó adelante la búsqueda de la mujer desaparecida, no es así en los hechos contundentes que también han sido documentados, la policía de Buenos Aires no hace más que constatar domicilio porque la fiscalía no da otro tipo de orden cuando en realidad lo que tendría que haber ordenado es la intervención del equipo de rescate y la de una psicóloga en la entrevista con Ana María, además de hacerla regresar a su hogar en la comunidad para que vea a sus pequeños hijos y corroboren sus padres que se encuentra bien, no fue lo que se hizo por parte de la fiscalía local. Se debiera haber declarado incompetente, para que intervenga la justicia federal, tampoco lo hizo.
Lo que no se aclara además en ninguna de las comunicaciones de la justicia ni de cierto sector de la prensa, es que en Salta se dan muchos casos de desaparición de manera permanente. La mayoría de la población salteña es indígena, pero también es la más vulnerada. Los casos de trata se caracterizan porque muchas de las víctimas pueden inclusive ser engañadas y manipuladas con mentiras, lo que no es lo mismo que se vayan por su propia voluntad. Han desaparecido varias mujeres indígenas. Las redes de trata funcionan justamente con varias personas o grupos conniventes. Estas redes de trata juegan con la necesidad de la gente. Que es lo que en los informes manifiestan las comunicaciones con Ana María que se presentaron: se fue por necesidad y porque le dijeron que había trabajo en Buenos Aires. Ana María no conoce Salta, más allá de Apolinario Saravia, menos Buenos Aires. En las comunicaciones ella manifiesta no salir del lugar donde se encuentra ¿cómo es entonces que va a buscar trabajo fuera de ese lugar? En sus últimas comunicaciones no ha hablado con libertad, responde monosilábicamente o como si la estuvieran vigilando.
Seguimos buscando a Ana María Gray.
Las horas que siguen son decisivas.
Sus hijos la esperan.
Sus padres exigen que Ana María vuelva a la comunidad.
También seguimos buscando a la niña wichí María Albornoz, desaparecida hace cuatro años.
FUNDACIÓN VOLVIENDO A CASA
PADRES DE ANA MARÍA GRAY.
COMUNIDAD WICHÍ: MISIÓN EMANUEL