La eventual suscripción del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) podría modificar radicalmente la estructura productiva, laboral y distributiva de los países del Cono Sur. Pese a ello, su contenido e implicancias permanecen en gran medida al margen de la agenda de sindicatos, parlamentos, Pymes y organizaciones sociales.
En el marco de la negociación no se reconoce el concepto de asimetría entre las partes. Se apunta a consolidar una especialización productiva en donde Argentina se limitará a funcionar como un proveedor internacional de materias primas, sin posibilidad alguna de diversificar sus exportaciones.
El Centro de Economía Política Argentina, en su informe sobre el acuerdo MERCOSUR – UE, destaca que el 27 y 28 de julio se celebrará una ronda ministerial de cierre del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en Bruselas. Existen altas probabilidades de que las autoridades de ambos bloques sellen su firma en un documento final en un contexto donde este Acuerdo brilla por su total ausencia en la agenda política local.
Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur se llevan adelante desde 1995. Desde la presentación de las ofertas en 2004 hasta el 2008 únicamente se realizaron reuniones a nivel político para reafirmar el interés de las partes en continuar la negociación. Durante este período tuvieron lugar distintos acontecimientos en el ámbito global que impactarían sobre el posicionamiento de los actores: el fracaso de las tratativas de Doha en el marco de la OMC , la crisis económica internacional y la consolidación de China como potencia global (2). Estos factores repercutieron en la dinámica negociadora dando lugar en el 2010 a una nueva fase de la negociación, basada en un esquema de dos velocidades: la elaboración de marcos normativos, por un lado; y la preparación de ofertas por el otro.
El cambio de signo político que se produjo en las dos principales economías del Mercosur dio lugar a una nueva etapa en el proceso negociador. Bajo discursos que manifestaban la “demora proposital de los gobiernos populistas” para sellar el acuerdo, la necesaria “reinserción en el mundo” y que la retirada de Venezuela del bloque tuvo un “efecto dinamizador”, se trata de obviar el verdadero objetivo de estos gobiernos en su política exterior: anclar con compromisos internacionales las reformas estructurales que se pretenden implementar en la región.
Justamente, parte de la opacidad existente en torno al proceso negociador entre el Mercosur y la Unión Europea es atribuible a un equívoco fundamental: que las negociaciones en marcha serían sobre todo de tipo comercial. Lejos de ser así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen ámbitos críticos para el desarrollo nacional.
El Acuerdo que se negocia actualmente tiene dos “pilares”: el político (y de cooperación) y el comercial. La redacción de los capítulos correspondientes al primer pilar está prácticamente acordada, quedando por resolver el capítulo comercial en el que se negocian la ampliación del acceso a los respectivos mercados de bienes, servicios, compras públicas y los temas de propiedad intelectual y defensa de la competencia.
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Conclusiones del informe realizado
Los gobiernos como los de Macri o Bolsonaro aprovechan la falta de visibilidad de sus acciones en el frente externo para comprometer a todos los instrumentos con que dispone el Estado para hacer valer sus intereses soberanos e impulsar un proceso de desarrollo nacional inclusivo.
Más que un convenio comercial, este Acuerdo tiene fuertes características políticas y estructurales, como dejó transparecer en marzo de 2016 el Secretario de Comercio Miguel Braun indicando que el Acuerdo contribuiría a que el “populismo no retorne a América Latina”.
En el marco de la negociación la UE no reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes, y avanza en consecuencia. Pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi 10 veces más patentes al año, y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años , ha obtenido hasta el momento un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de bienes, reglas de origen, compras públicas, servicios y establecimiento y propiedad intelectual, entre otras.
El Acuerdo apunta a consolidar una especialización productiva en donde nuestro país se limitará a funcionar como un proveedor internacional de materias primas, sin posibilidad alguna de diversificar sus exportaciones. Mientras tanto, la UE busca facilitar el acceso a sus productos industriales, ampliando su participación en el suministro de productos y servicios intensivos en capital y tecnología. Se trata, en definitiva, de un acuerdo capaz de debilitar profundamente y hasta desintegrar el tejido industrial del Mercosur, anulando cualquier posibilidad de avanzar en la diversificación de nuestras matrices productivas y consolidando la dependencia de nuestros pueblos.