Tras 16 horas de debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción en general a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva con 134 votos a favor y 110 en contra. Hoy desde las 14 será debatida en el Senado -donde el Frente de Todos tiene mayoría-.
La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva autoriza al Poder Ejecutivo a subir salarios por decreto, plantea la suspensión de los tarifazos de luz y gas por 180 días, un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento, actualización de las retenciones, moratoria impositiva para Pymes y fondos para la compra de medicamentos y para luchar contra el hambre, entre otros aspectos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, (Frente de Todos) aseguró que “los jubilados se van a ver beneficiados con las medidas”. “Recordemos que en la Argentina casi el 80 por ciento de los jubilados son de la mínima y han perdido en los últimos 4 años más del 20 por ciento de su poder de compra”, señaló.
El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, sostuvo que “un súper poder es pensar que la inflación se resuelve con un chasquido de dedos”. “Ahora nos quieren decir que las medidas para las Pymes no son necesarias: Les abrieron las importaciones, les subieron las tarifas, no tienen a quién venderle, la tasa de crédito pasó de un promedio del 33 al 66 por ciento”, graficó.
El diputado nacional Carlos Heller (Frente de Todos) afirmó que “uno de los primeros objetivos que tenemos por delante es desterrar el hambre, reducir la desigualdad y volver a crecer”, y explicó que el hecho de declarar las emergencias económica, financiera, fiscal, social, sanitaria, administrativa, previsional, tarifaria y energética “suena dramático, pero la realidad es dramática. No es una descripción exagerada”.
Aspectos sobresalientes de lo aprobado
El proyecto declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en nueve áreas del Estado: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Propone la creación de un nuevo impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que grava por los próximos cinco años un 30% la compra de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior, como la compra de billetes aéreos.
Establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento (con el límite de 200 dólares mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años.
Mantiene en vigencia la decisión de la administración anterior de limitar a 200 dólares por mes la compra para atesoramiento de las personas físicas. El 70% de lo recaudado a través de esta iniciativa se destinará a la seguridad social, mientras el 30% restante se dedicará a obras de vivienda e infraestructura.
Suspende por seis meses el esquema de aumento tarifario de los servicios públicos, así como la fórmula con la que se calculaban los aumentos de las jubilaciones, que consistía en una ecuación que tomaba en cuenta los salarios y la inflación a partes iguales.
Contempla otorgar 5.000 pesos en diciembre y enero a los jubilados que cobran la pensión mínima, sin detrimento de otros aumentos trimestrales que dispondrá el Poder Ejecutivo.
Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad sancionada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial). Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo.
Suspende, en paralelo, la rebaja a las contribuciones patronales prevista a partir del año que viene, de modo que los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales, mientras que el resto del sector privado pagará 18%.
Faculta al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.
Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020”. A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.
Habilita al Poder Ejecutivo a “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina”, para lo que se pone a disposición del Gobierno 4.571 millones de dólares del Banco Central.
Fuente: InfoSiberia, agencia noticias