Juntos por el Cambio no quiere se revisen los DNU de Macri

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la Cámara de Diputados se reunió en la tarde del martes, en forma remota, para analizar decretos de necesidad y urgencia suscriptos por el presidente Alberto Fernández y otros pendientes de la gestión de gobierno de Mauricio Macri.

Entre los DNU analizados, lograron dictamen favorable los decretos firmados por el actual presidente, Alberto Fernández. Se trata del decreto 487/2020, que prorroga la prohibición de efectuar despidos; al respecto el Senador Daniel Lovera (Frente de Todos) expresó que en el marco de la pandemia “protege a los trabajadores ante la crítica situación que atraviesa nuestro país” porque “el trabajo es un derecho humano fundamental para garantizar a las familias una vida digna”.

También obtuvo dictamen a favor el DNU 488/20 que establece un precio para la facturación de entregas de petróleo crudo en el mercado local. Denominado como “barril criollo” en referencia se expresó el diputado Pablo González (Frente de Todos) y dijo que “lo vienen solicitando las provincias petroleras hace mucho tiempo y trata de morigerar el impacto que causa en las provincias productoras la alta volatilidad del precio de referencia que se toma para liquidar los barriles de petróleo crudo y liquidar las regalías de las provincias productoras”.

El Frente de Todos impidió que proyectos macristas avancen en el plano Judicial

El oficialismo emitió un dictamen de rechazo para los dos decretos del gobierno anterior. Se trata del DNU 256/2015, por el cual se transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su vez, el otro DNU rechazado es el 102, de febrero de 2017, que modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos jueces penales con rango de juez de Cámara.

 

En ese sentido, el presidente de la Comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos), manifestó que sería “importante que el Congreso declare inválidos” esos decretos porque “no se puede modificar la ley de inteligencia por un decreto de necesidad y urgencia, sino que solo se puede establecer por una ley”.

El diputado Pablo González (Frente de Todos) declaró que el decreto 256/2015 del anterior gobierno es “inconstitucional” y, en el mismo sentido, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) dijo que “el objetivo del macrismo con un DNU adornado de legalidad era designar a jueces de la mesa judicial del macrismo”.

Juntos por el Cambio abandonó la sesión remota

El diputado Pablo Tonelli (PRO) pidió el apartamiento de estos decretos del temario y advirtió que ambos decretos ya lograron “dictamen y no alegaron caducidad” por lo que “sería un sinsentido reiterar su tratamiento”.

A su vez, otros legisladores de Juntos por el Cambio apoyaron el planteo de Tonelli pero sin lograr apoyo del resto de la comisión, se retiraron de la comisión remota.

Extienden la intervención a la AFI

La comisión legislativa, dictó además a favor del DNU 52/2019 de la actual gestión, por el cual se dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables. Por este decreto se nombró como interventora de la AFI a Cristina Caamaño.

Esto fue parte del fuego cruzado entre el FdT y los camibiemitas; la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), acerca del espionaje ilegal cometido durante la gestión de Cambiemos contra dirigentes y legisladores -algunos, del propio oficialismo de aquel entonces-, además de sindicalistas y periodistas.

Ofuscados y ofendidos los legisladores de Juntos por el Cambio abandonaron la sesión virtual, mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti, dijo: “La Justicia, la Procuración General de la Nación y la propia AFI deben ser las que se encarguen de cuidar a los ciudadanos y no filtrar sus teléfonos, sus mails y conversaciones personales con el único fin de divulgar esas conversaciones” dijo la vicejefa de bloque Anabel Fernández Sagasti, quien consideró “oportuno” el tratamiento del DNU porque “más allá de nuestras pertenencias partidarias, tenemos un bien muy superior que cuidar, que es la institucionalidad. Los reglamentos son excusas para no tratar el fondo de la cuestión, que es devolver normalidad a las instituciones”.

 

Según Fernández Sagasti, después del dictado del DNU, “la Corte actuó en línea con el presidente Macri y dictó una acordada para que el juez Irurzun se hiciera cargo de las escuchas”. “Supuestamente esa designación se hizo a través de un sorteo, pero dos días antes del sorteo los diarios Clarín y La Nación sabían que el sorteado iba a ser Irurzun”, denunció.

La senadora mencionó entonces las “filtraciones de conversaciones de quienes pensaban distinto al gobierno de Macri” y alertó que “un dispositivo que tiene que ser orientado a prevenir delitos complejos fue direccionado para perseguir sistemáticamente a la oposición de ese momento e instalar el lawfare en Argentina”.

Sagasti en este sentido, indicó que no solamente “el sistema de escuchas es materia penal vedada por la Constitución”, sino que también se violó la garantía del debido proceso, porque las escuchan “estaban en manos de quienes debían garantizar la privacidad de los argentinos”. “La misma Corte era la que intervenía esos teléfonos”, destacó y concluyó: “Vamos a poner en su lugar aquello que nunca debió haber salido de la legalidad”.

Final de la reunión de Comisión

Por último, otros decretos aprobados por la comisión fueron el DNU 391/2020 y el 404/2020, vinculados con la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Desde la presidencia comunicaron que se unificaron en un mismo dictamen.

Al respecto, la senadora María Teresa González (Frente de Todos) dijo que este decreto otorgaría “un punto de partida y una herramienta necesaria y fundamental para manejar las negociaciones con acreedores e incentivar un acuerdo para el canje de deuda” y aclaró que “las condiciones y limitaciones están expresamente previstas en este DNU”.