Desde Perú se solidarizan con el estado actual del pueblo boliviano bajo la dictadura de Jeanine Añez.
Desde el 10 de noviembre de 2019, la hermana República Plurinacional de Bolivia vive la peor de las dictaduras, provocada a través de un golpe de Estado mediante movilizaciones de la clase media y alta en ciudades capital de Bolivia, financiadas por empresarios y políticos opositores de ultraderecha; quienes inmovilizaron las calles, restringiendo la libertad de tránsito y demás derechos ciudadanos, mientras sus grupos de choque iban causando amedrentamiento y atentados contra las instituciones públicas, amenazando y persiguiendo a las autoridades gubernamentales y dirigentes sociales; actos que contaron con el impulso sistemático y supervisado de agentes de la Embajada Americana, que logró finalmente capturar a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas; quienes en un
pleno acto de desobediencia constitucional, culminaron por quebrantar el orden constitucional del Gobierno popular democráticamente electo.
El golpe suave lo iniciaron meses antes varios sectores opositores, y se tradujeron mediante el convencimiento mediante prebendas y alianzas con los medios de comunicación, quienes iniciaron días antes del golpe, una estrategia de desgaste hacia el gobierno, apuntado que el partido político que lo representa había cometido un supuesto “fraude electoral”, hecho que también fue bien montado y no se supo develar hasta el día que se llevó a cabo las elecciones, ya que nunca se dijo nada de la participación de los otros frentes políticos que nunca observaron nada en el acto democrático y quienes fueron más bien actores de denuncia temprana frente a un escenario notablemente preconfigurado para consolidar un golpe de Estado.
Pasado el golpe, la instauración del gobierno de facto se pasó por delante todos los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado para acceder a la sucesión presidencial constitucional, con la asunción de una simple senadora como Presidenta del Estado; que nunca fue autorizada por la representación del pueblo Boliviano, aspecto de legalidad al que se prestó el Tribunal Constitucional quien culminó en plasmar la última cortina de humo para legalizar un acto de usurpación de poder. Este gobierno que fuera aceptado como “transitorio” por una pequeña parte de la opinión pública, fue marcando de forma sistemática una línea, bajo la amplia cobertura de los medios de comunicación.
Desde ese funesto momento (12 de noviembre de 2019) se manchó nuevamente la historia en Bolivia con un gobierno de facto, desde esa fecha han pasado 180 días caracterizados por utilizar el miedo en la población; el nuevo régimen que se muestra duro y cruel contra el ex gobierno; utilizando la persecución penal contra exfuncionarios, gubernamentales, líderes y políticos, acciones represivas contra los ciudadanos disidentes, detenciones ilegales de más de un millar de manifestantes en los días posteriores al golpe, detenciones de ex autoridades y dirigentes políticos del MAS-IPSP, así como el control de agentes de inteligencia del Ministerio de Gobierno a fiscales y policías para que realicen diligencias de persecución; y, el control a jueces con amenazas para que fallen sobre las denuncias iniciadas.
Pese a este panorama, no han disminuido sus luchas del MAS-IPSP, y como represalia desde el 22 de marzo, cuando el gobierno de facto determina emergencia por el COVID-19 y una cuarentena rígida, se lleva adelante una agudización de la persecución penal contra aquellas personas que salen de sus casas en busca de alimentos o se expresen con posiciones contrarias atentando su libertad de expresión.
Pasados casi 50 días de la pandemia en Bolivia, las críticas del sector salud, de la propia Policía Boliviana y de los trabajadores independientes y sindicalizados, se han desembocado por la falta de equipamiento médico, falta de test para la detección del virus, falta de medicamentos, falta de ítems para médicos y enfermeros y falta de dinero para la subsistencia del día a día de la población, puesto que los bonos que ha lanzado el gobierno de facto que no garantizan enfrentar la pandemia con seguridad alimentaria para contar con las defensasinmunológicas necesarias, siendo que no han establecido mecanismos de cobro para todos los sectores, se cobran de forma impertinente y no alcanza para la subsistencia de las familias, pese a las deudas millonarias asumidas por la
presidenta de facto Añez ante el FMI.
Se han reportado muertos por el COVID-19 en Bolivia, entre ellos varios son enfermeras y policías por asumir su trabajo sin las medidas e implementos necesarios de bioseguridad, así como se ha suicidado niñas y padres de familia por no tener el sustento diario o el alimento, como también se han visto varios abusos por parte de militares y políticas contra la población que ha salido de la cuarenta en busca de alimento, desde patadas, culatazos, hostigamientos, insultos hasta vejámenes sexuales contra mujeres que han salido a manifestar la pronta definición de fecha de elecciones.
Ante esta situación el pasado jueves 30 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado, sancionado y promulgado la Ley que establece un plazo de 90 días para celebrar nuevas elecciones generales, en contra de la voluntad del Gobierno transitorio, con el único propósito de que sea un gobierno legítimo el que se garantice la seguridad jurídica y social de los bolivianos frente a la pandemia.
En tal sentido, el Frente Patriótico del Perú, organización social y política con representación parlamentaria en el Perú, frente a las constantes violaciones a los derechos humanos, que atentan contra la vida, la salud y la integridad de bolivianos y bolivianas, de parte del gobierno de facto, así como a la democracia en América Latina; resuelve:
1. Respaldar moral y políticamente a las y los asambleístas del MAS-IPSP, por la aprobación de la Ley que fija elecciones generales dentro de un plazo de 90 días desde su promulgación, es decir desde el 30 de abril, plazo que debe respetarse y ser vigilado por las organizaciones sociales.
2. Apoyamos al hermano Evo Morales en la certera denuncia internacional que realiza frente a todos los actos de violación de derechos humanos que vive el pueblo boliviano, denuncias que debemos expresar en todos los canales y vías pertinentes para frenar con tales abusos.
3. Expresamos nuestra solidaridad con las ex autoridades gubernamentales de Bolivia, ex funcionarios públicos, líderes y dirigentes y sociales que han sufrido atropellos, han sido detenidos y son objeto constante de persecución política; no claudicaremos en lograr que gocen de las garantías del debido proceso y respeto a sus derechos humanos.
4. Expresamos nuestro apoyo a las ex autoridades y activistas que se encuentran como asilados políticos en la Residencia de la Embajada de México en Bolivia, y exigimos que la comunidad internacional se exprese frente a la violación del derecho de asilo a fin de que el gobierno de facto emita sus salvoconductos, como corresponde hacer en la vía diplomática.
5. Convocamos a todas las organizaciones de la Patria Grande a sumarse para denunciar estos actos que atentan la democracia en Bolivia, y sean observadores y aliados permanentes del acontecer del pueblo boliviano en su lucha por recuperar su dignidad a través de las elecciones ya fijadas para el 3 de agosto de este año. Es dado en Lima Perú a los tres días del mes de mayo de 2020″ concluye el comunicado.