Iván Rafael Sanso denunció ante la Fiscalía Penal por el delito de desbaratamiento de derechos y/o el tipo penal que corresponda en contra de la Comisión Directiva y/o Autoridades Ejecutivas de la ASOCIACIÓN DOCENTE PROVINCIAL ubicada en Juramento 99 de la capital salteña-
Sanso al momento de la destitución de la ex secretaria general, Patricia Argañaraz, era vocal suplente en 1er término de la lista que lideró la ex gremialista bajo la lista Color Celeste.
Cabe recordar que Argañaraz en abril de 2019 fue destituida de su cargo y reemplazada por Viviana Figueroa, quien fuera su adjunta. Este corrimiento de lista permitió que Jorge Amaya ocupara el carho de Adjunto en la ADP, mientras Albina Melián asumió el 4to lugar entre vocales titulares.
Sin embargo, a Sanso, el denunciante penal, no se le permitió asumir su cargo titular, faltando a lo normado por el estatuto de la asociación.
El afectado presentó nota con su justo reclamo en octubre del año pasado y lejos de obtener respuesta favorable a su planteo, la ADP continuó como si nada sucediera.
Contexto complicado
ADP es fuertemente cuestionada por su administración en general, la conducta sindical de sus autoridades y los manejos en las negociaciones paritarias con el gobierno provincial.
Una crisis de representación es la que viene sacudiendo a la entidad desde que Argañaraz se hizo cargo, luego del fatal desenlace de su histórico conductor, el docente Virgilio Choque.
La complicidad de la ADP en cuestiones como traslados docentes, condiciones pauperizantes de trabajo, persecuciones políticas a quienes no estando de acuerdo con esta asociación, forman parte activa de espacios legitimados por la lucha como DOCENTES AUTOCONVOCADOS en permanente estado asambleario.
El silencio de la acomodada dirigencia de ADP ante la presencialidad escolar y el incremento de contagios por covid 19, las vacunaciones insuficientes, la muerte de docentes por coronavirus, el accidente de la docente oranense en Iruya, el estado de las unidades educativas, el maltrato a la docencia bilingüe de Pueblos Originarios, entre muchas desatenciones que afectan al sector, dio a los Autoconvocados la simiente de una organización popular que no encontraron en la indeferencia sindical de la que fuera una fuerza gremial de alcance provincial, hoy cuestionada, otra vez, de modo judicial.