La funcionaria provincial Patricia Hucena tiene habilitado un Instituto de Formación Profesional -FUCO- habilitado por el Ministerio de Educación de la Provincia.
En el establecimiento se desempeñan varias personas como ordenanzas a las que le abona el Estado provincial. FUCO es una Institución educativa de GESTIÓN PRIVADA. Las suspicacias y malestares generados en el contexto del reclamo salarial, han ido creciendo con los meses.
El informe que compartimos le pertenece al periodista Maximiliano Conigliano, fue compartido en las redes sociales y visibiliza la protesta de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como ordenanzas escolares para establecimientos educativos de gestión pública provincial. La última vez que recibieron sus salarios, los que deben ser abonados por la Provincia, fue en MAYO DE 2021.
Esta forma de PAUPERIZACIÓN LABORAL, mediante contratos basuras, tienen en vilo a la ciudadanía sobre todo en las zonas alejadas de la capital salteña pues además de vulnerarse derechos adquiridos como los del TRABAJO, no es posible para las personas damnificadas, concurrir a una dependencia como la actual -y apenas- SECRETARÍA DE TRABAJO; pues es tratar que el Gobierno se interpele a sí mismo por INCUMPLIR CON LAS LEYES VIGENTES, e intente REFLEXIONAR sobre EL DERECHO ALIMENTARIO que está cercenando con una demora adrede -RETENCIÓN INDEBIDA DE HABERES- a la que somete a quienes viven de SUS SALARIOS, compuestos por el dinero del pago de tasas, impuestos y devengados que aporta la sociedad salteña en toda la provincia.
Fuente: Diario El Oranense