Sáenz confirmó que no habrá obras de agua para solucionar el problema, en lo inmediato, sino hasta después su su reelección.
El gobierno de Salta anunció que “Ante los continuos cortes de ruta en el norte provincial que afectan la circulación de ciudadanos, productores, servicios de salud y abastecimiento” casi todas centradas en la acuciante necesidad de contar con agua apta para el consumo humano, ordenó prohibir las protestas.
Gustavo Sáenz convocó a una reunión a la que asistieron el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella; el fiscal federal general, Eduardo Villalba; el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina y la auxiliar fiscal federal, Roxana Gual.
Se informó oficialmente que, debido a los cortes de ruta, en el Norte, las zonas de frontera, aumenta el “riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas”.
El gobierno quedó expuesto en la mas clara demostración de sus corruptos objetivos, utilizando la terrible necesidad de agua que tiene la población, para culparla y sindicarla como responsable de aumentar el riesgo de tráfico de drogas y transporte ilegal de mercaderías.
Tras esa afirmación el gobierno salteño, comunicó que la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación “consensuarán un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas“.
El gobierno Salteño con esta decisión confirma que en el orden de prioridades es más importante, entre otras cuestiones, que los protegidos por su gestión, – la población que circula en automóviles de alta gama, empresarios etc.- gozarán de una garantía que “buscará dar respuestas a la preocupación de ésta ciudadanía que se ve afectada en su derecho de circulación”.
Sáenz, considera que debe existir un equilibrio entre el derecho a expresarse, y el de reclamar, que tienen los manifestantes. Por ello, claramente lapidario, es con los salteños que sufren la falta de agua, a quienes considera manifestantes y no ciudadanos vip como a los amigos del Poder.
El fiscal federal, Eduardo Villalba, está en serios problemas, en virtud de haber participado en la reunión. Ocasión a la que asistió como representante Federal cuyas facultades, en principio, son de bregar por la participación y consulta de las partes, en especial proteger los derechos de las personas afectadas por la crítica falta del agua, usuarios y usuarias que reclaman por el líquido elemento irremplazable, como así también, atender los derechos de los que no les falta nada y exigen circular para salir de vacaciones.
El fiscal reconoció que “muchas veces el corte de ruta se origina en reclamos justos, como es el agua”, pero señaló que entre que se inicia el corte de ruta hasta que “se activan los mecanismos de la fiscalía, del gobierno de la provincia, ya han pasado minutos u horas de corte, provocando un gran perjuicio a la gente”.
Villalba reconoce que no actuaron durante todo el año por la situación que fundamenta la protesta, pero que actuará para poner un equilibrio mediante “una articulación con la Policía de la Provincia, a los efectos de tratar de evitar el corte, atendiendo el reclamo y si es justo”.
O el fiscal es un enviado de OTAN – o un extraterrestre- pero atender, ahora, defendiendo el derecho de los que circulan y durante todo el año, no atender el reclamo de la falta de agua, es simplemente, más corrupción.
EL COLMO DE SALTA
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con la Sociedad Rural Salteña y Prograno, Carlos Segón, y Francisco Vidal. También participaron los intendentes de Embarcación, Carlos Funes; de Tartagal, Mario Mimessi; de General Ballivián, Samuel Córdoba, el interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán quiénes presionaron para prohibir los cortes de ruta.
LA ÚLTIMA TRAICIÓN
En la reunión estuvo, de parte del gobierno provincial, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez y los responsables de haber administrado fraudulentamente un presupuesto que generó la falta de obras de agua; Marcelo Córdova, persona identificada en las comunidades dentro de la más alta traición recibida.
En definitiva, ese encuentro oficial, mantuvo su objetivo y Sáenz determinó que defenderá a los que circulan y no a quienes PROTESTAN.
La problemática del agua en el departamento de San Martín, tiene cientos de años y nunca pudo ser prioridad para los gobiernos. No habrá ninguna excepción en el presente pues todos los pueblos del departamento, no tendrán ningúna solución inmediata, o a mediano plazo, por el gobierno de Gustavo Sáenz, pero sí habrá una fuerte prohibición hacia quienes reclamen o pidan agua.
Autor: D.O.S dirigente peronista indígena.-