Durante la audiencia pública realizada por la Defensoría del Pueblo de Comunicaciones, dirigida por Miriam Lewin, expuse como trabajadora de prensa. Desde el periodismo en lucha por el derecho a comunicar, informar y difundir, seriamente afectado por los continuos embates que enfrentamos contra gobiernos represivos.
TEMA: Actuales amenazas de restricción a la libre expresión en la provincia de Salta
Situación: un proyecto parlamentario con media sanción en la cámara baja provincial, habilita multas y días de arresto a quienes divulguen imágenes, información, material audiovisual respecto a una persona, sin mediar la previa autorización de la misma. Tal asunto nos lleva a pensar en la censura previa a la metodología de investigación social que supone la labor periodística que no se limita al – copia / pegue- de estos tiempos y que sin acceso al entramado hegemónico de la prensa corrupta, solo guarda para sí, la esperanza de un acompañamiento popular a través de la denominada viralización en las redes sociales.
El campo de acción al que refiere tan vergonzoso antecedente del legislador -fascista- no tiene aún un corpus normativo por su permanente actualización tecnológica e informativa, la lucha contra las persecuciones en todas sus formas, pretende ganar y gobernar el ciberespacio, la tarea digital y un inocultable interés por colocar mordazas a la prensa gráfica en la era digital. Si bien, no es competencia de la Defensoría, la prensa escrita, sí lo es la materia de la comunicación social, que excede al entorno audiovisual, sobre el que pretende, la legislatura salteña, sentar un angustioso precedente.
Hago notar además que tal lo expuesto hoy por quienes en la provincia de Jujuy han dejado establecido, los resultados de las prácticas más atroces y dictatoriales que provocan una pérdida feroz del ESTADO DE DERECHO, no es producto de la casualidad las réplicas del fascismo norteño, las que se viven en Salta. Estamos obligados a mirar el conjunto y la totalidad de la situación social, económica y política del NOA, en este contexto, para comprender que el poder actúa con metodología, sistematización y alevosía para afectar derechos humanos inalienables y que lejos hemos quedado de lograr otro ámbito de debate que estos escasos espacios en los que con desesperación se desea traer a conciencia al país de la gravedad institucional que el norte padece y que sin dudas influyen directamente sobre el ejercicio de la libre expresión, toda vez, que la oligarquía, como tal, maneja las herramientas, las instituciones y por ende los medios de comunicación, en donde instala su narrativa negacionista.
Como trabajadores y trabajadoras de prensa no tenemos las garantías para ejercer nuestro oficio y profesión que por sí implica riesgos, más aún, con gobiernos que naturalizan cuestiones tales como la censura, el castigo y la limitación para no afectar a los actores fundamentales de sociedades profundamente corrompidas.
Así es que tampoco podremos escindir que esta matriz represiva que cae sobre los pueblos de Salta y Jujuy se condice con un modelo económico que hace del extractivismo minero, su razón y objetivo, la depredación del ambiente, el rompimiento de la acción colectiva, comunitaria y ambientalista, el etnocidio de los Pueblos Originarios y la quita de los territorios ancestrales. Todo esto, que la oligarquía hace, promueve y provoca requiere de periodistas silenciados, amordazados y aleccionados a través de lo que el mismo poder ha dado por llamar contravenciones, poniendo sus lobbystas a operar en territorios y saberes tan sensibles como lo son los contenidos mediáticos.
¿Cuál entonces podría ser la ayuda de la Defensoría en esta realidad acuciante? Primeramente, aquella que es permitir hacer visible y consciente, todo lo que aquí se vive como un anticipo del plan de acción sistemático que el fascismo quiere imponer en una Argentina a la que se quiere vaciar en todos los sentidos. Luego, insistir en el único marco normativo que fortalece el derecho a comunicar, como lo es la perfectible Ley de SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, la que no debemos dejar guardada en la oscura indiferencia del poder, pues fue una conquista popular, quizás la más grande, luego de los derechos laborales del pueblo argentino.
Por último considerar, una convocatoria de carácter internacional en conjunto con organismos de DDHH, para específicamente alertar sobre los conflictos comunicacionales en un entorno de represión desatado en lo que el pueblo conoce como Noroeste Argentino y que hoy, se nos quiere reducir, al denominado TRIÁNGULO DEL LITIO.
Y de modo sensato, también solicitar a las comisiones legislativas que están relacionadas con las comunicaciones sociales y la prensa, una investigación seria sobre acceso público a la prensa, derecho a las comunicaciones, a la información y ejercicio del derecho a la libre expresión en Argentina.
El campo informacional, se encuentra en inminente peligro en el país, toda vez que se pierda el sentido de un país federal, al que se pretende desvirtuar como si fuera un conjunto de estados federados que pueden hacer de cada poblado lo que quiera el poder de turno, que en el caso del NOA, no es más que la enquistada oligarquía.
La defensoría debe insistir en la necesaria transparencia de los actos oficiales del Gobierno en estrecha relación con las comunicaciones, tales como PAUTA OFICIAL, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LICENCIAS DE RADIOS Y CANALES DE TV.
Parafraseando a uno de los lemas de la Federación Internacional de Periodistas: “En un entorno de pobreza y corrupción, no podrá existir la libertad de expresión” recuerdo que la lucha por las libertades es una de las banderas populares que requiere y merece todos los esfuerzos.
*Cristina Alejandra Paredes – periodista, locutora nacional, comunicadora social, archivóloga y bibliotecaria- actual integrante de SNI. Ex dirigenta nacional de FATPREN, ex secretaria general del SIPRENSAL.