Una particularidad que se presenta en el contexto de las urnas provinciales, postulantes con causas judiciales.
Seguros en algunos casos de ser re electos y en otros de ser elegidos a pesar de los trámites judiciales en su contra, la presentación como candidatos políticos para este 2023 se concretó este fin de semana.
Todo comenzó con la pretensión de Manuel Cornejo, un dirigente que siendo Intendente de Campo Quijano, fue denunciado y llevado ante la Justicia por problemas en la administración municipal. Cornejo, mediante la asesoría letrada de su defensa en el proceso de juicio, intenta quedar fuera de la prisión domiciliaria preventiva para hacer “campaña electoral” por el mismo puesto en la comuna quijaneña.
Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, mediante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó a la Sala 6 del Tribunal de Juicio que rechace la apelación presentada por el exintendente Manuel Cornejo para el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de reunión que pesa sobre él. Sucede que el 23 de octubre de 2020, el Juzgado de Garantías 6 había dictado a Cornejo, como medidas sustitutivas a la prisión preventiva, la prohibición de organizar y asistir a reuniones, en tanto se encuentre pendiente la realización del juicio oral y público, así como contactarse con personas vinculadas a la administración local.
El 2 de marzo de 2023, los abogados de Cornejo presentaron ante el Juzgado el pedido de levantamiento de la medida de restricción argumentando que participaría de los comicios provinciales de mayo 2023. Al tomar conocimiento de ello, el 7 de marzo pasado la fiscal Salinas Odorisio, informó su oposición al pedido y planteó que ya existe fecha para audiencia de debate fijada por la Sala 6 del Tribunal de Juicio en contra de Manuel Cornejo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todo en concurso real.
La Sala 6 de Juicio resolvió no hacer lugar al levantamiento de las medidas, pero este lunes 27 de marzode 2023, los abogados de Manuel Cornejo presentaron una apelación e informaron la candidatura formal del acusado en las elecciones del próximo 14 de mayo en Salta.
Fue entonces que Salinas Odorisio, presentó esta mañana una nueva oposición al pedido e informó, además, que la Unidad de Delitos Económicos Complejos se encuentra investigando una nueva denuncia en contra de Cornejo, efectuada por la Auditoría General de la Provincia.
Cabe recordar que el 15 de diciembre de 2022, la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, recibió formalmente la notificación de suspensión del juicio oral y público que debía dar inicio el 21 de diciembre, en la causa que se sigue contra Manuel Cornejo y Carmen Méndez. La nueva fecha de inicio fue fijada para junio de 2023.
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OTROS CANDIDATOS EN IGUAL CONDICIÓN
En Rosario de Lerma -dentro de la región conocida como VALLE DE LERMA- SERGIO OMAR “EL TOPO” RAMOS; actual senador por ese distrito electoral, también se presentó como aspirante a la Intendencia en representación del Partido “Memoria y Movilización”. Sobre él también pesa una demanda en la Justicia vinculada a delitos de corrupción en el período que se desempeñó como intendente. La defensa letrada del senador llevó la causa hasta la Corte de Justicia local, para que resuelva un pedido de desafuero que permita el juzgamiento al legislador de la Cámara Alta provincial.
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Mientras que en Rosario de la Frontera se dan dos casos llamativos, Kuldeep Sing un empresario cuya familia es de origen hindú, radicados en este pueblo limítrofe con Tucumán. Un escándalo cuando era legislador provincial, lo obligó a renunciar a su banca como diputado por el frente salteño, una alianza provincial denominada “Un Cambio Para Salta” perteneciente a la alianza nacional JxC. Fue en el 2017 cuando se lo encontró culpable por delitos penales cometidos en el contexto de un sórdido apriete, razón por la que debió dejar el cargo legislativo en 2018.
Se lo acusó de cometer privación ilegítima de la libertad, agravada, además de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Los otros imputados y coautores del delito que se configuró son los hermanos Claudio y Cristián Romano, Marcelo Medina, Ariel Arias, Juan Luján y Víctor Uncos. Los delitos procesados contra Singh y sus tres empleados (Medina y los hermanos Romano) surgen de un hecho registrado el 26 de octubre del año 2018, cuando el entonces diputado, citó en el supermercado KUVEFA -de su propiedad- a Jonathan Diez, quien tenía vínculos con Nutribras S.A.
Un WhatsApp de Sing a Diez decía “Hola Jonathan, buen día espero que vengas, no hagas que vaya a buscarte”. El encuentro era para reclamarle por una serie de cheques sin fondos de la empresa Nutribras S.A. y que no iba a perder ese dinero. Adelantó que iba a contactarse con unos “tucumanos” y que éstos iban a encargarse del cobro.
Por estos y otros hechos, a principios de marzo de este año, el juez Ángel Amadeo Longarte, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, fijará una nueva fecha para la audiencia de debate seguida contra el exdiputado Kuldeep Singh por acumulación de causas. La audiencia será presidida por el juez Longarte. Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal penal UNICROH, María Eugenia Guzmán. La defensa de los imputados estará a cargo de Matías Adet (Singh, Luján, Medina, Uncos, Arias) y Horacio Morales (hermanos Romano). Por la parte querellante actuarán Agustín Pinto y Hugo Alejandro Pinto.
Según consta en la causa, los imputados participaron en un robo a mano armada el 26 de octubre de 2018 en la empresa de envasado de porotos NutriBras SA, emplazada en el Parque Industrial de Güemes.-
POLICÍA ACUSADO DE VIOLENTO
El caso de otro hijo de Rosario de la Frontera y miembro de la Policía provincial, GUSTAVO OROZCO. Conforme lo publicado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal de Salta, en febrero de este año, el Juzgado de Garantías 7 elevó a juicio la causa que se sigue contra Gustavo Orozco y otros once policías, acusados de distintos delitos de violencia institucional.
El jueves 23 de febrero pasado, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado de la elevación a juicio de la causa que se sigue contra doce policías por cinco actuaciones que se tramitan conjuntamente en esta fiscalía.
El fiscal González había solicitado la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, en junio de 2022, para Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
En la resolución emitida, el Juzgado de Garantías 7, a cargo interinamente de la jueza Claudia Puertas, ordenó librar oficio a la Mesa Distribuidora Penal del Distrito Judicial de Metán, a fin de que proceda a realizar el sorteo para la designación del Tribunal de Juicio con competencia en Proceso Común.
En oportunidad de la presentación del requerimiento, el fiscal González había brindado detalle de las medidas probatorias que se produjeron durante la etapa de investigación y que generaron los hechos por los que llegan acusados Orozco y otros once policías por diferentes delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.
MÁS INFORMACIÓN: https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/?s=gustavo+orozco
EL ESCÁNDALO CON ADOLESCENTES
Por otra parte, en el depto de Gral Güemes, retorna a la contienda electoral, Juan Rosario “Chicho” Mazzone, quien se desempeñaba en el cargo de Intendente de el paraje EL BORDO. Allí se lo descubrió compartiendo una fiesta en su casa con menores de edad en ropa interior, conforme unas imágenes que fueron filtradas a la prensa local, ocasión en la que Mazzone aparecía a pecho gentil abrazado de las adolescentes con las que no tenía parentesco alguno, ni tampoco otra relación que aquella forjada como jefe comunal donde residían las menores provenientes de familias humildes del campesinado güemense. A las jóvenes de entre 15 y 17 años, le había realizado propuestas de índole sexual, por lo que la justicia salteña lo condenó a 3 años de prisión condicional cumplida en el 2020 en el contexto de la pandemia por el covid19.
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FRAUDE Y PECULADO EN GRADO DE TENTATIVA
Otro caso que menciona la prensa es el de ERNESTO “KILA” GONZA, recientemente condenado a tres años de prisión por tentativa de fraude y peculado, e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, ahora trabaja en su campaña electoral para retornar a la intendencia de la Villa Veraniega San Lorenzo, siendo parte del Frente “Avancemos” liderado por el camporista, Emiliano Estrada. Gonza, a través de sus asesores letrados presentó una apelación a la condena que se le impuso por delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio del mismo cargo para el que se propone en este 2023.
En diciembre del año pasado en el veredicto, el Tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Aranibar, impusieron a Gonza la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al cumplimiento de reglas de conducta como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios en concurso real.
Sergio Armando fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de la pena como autor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (2 hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios.
El juicio inició el 3 de octubre pasado por dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano.
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